Desde la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense - REDHPANA nos dirigimos nuevamente al Gobierno nacional, a las autoridades municipales y departamentales, a la comunidad internacional y al país, con el propósito de reiterar, por enésima vez, nuestro llamado urgente a atender de manera integral la dramática crisis humanitaria, social, económica, de violencia y de ausencia estatal en nuestros territorios, así como la amenaza permanente sobre la vida de líderes y lideresas sociales de nuestras comunidades.

Convencidas y convencidos de que cualquier solución debe pasar necesariamente por el diálogo con nuestros espacios de organización en los territorios, por los Consejos Comunitarios, las Organizaciones Indígenas, las Juntas de Acción Comunal, las Organizaciones sociales, de mujeres, de jóvenes, de derechos humanos, entre otras, y teniendo como marco legal la Ley 70 y la Ley 60 de 1993, los Autos de la Corte Constitucional en seguimiento a la SENTENCIA T025/2004 y el Acuerdo Final de Paz; hacemos la siguiente declaración pública:

Líderes y lideresas de comunidades afrodescendientes, indígenas, comunales, campesinas, de mujeres, defensoras y defensores de derechos humanos de los 10 municipios de la Costa Pacífica Nariñense y 2 del Piedemonte (Tumaco, Francisco Pizarro, Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Mosquera, Olaya Herrera, Santa Barbara Iscuandé, Ricaurte y Mallama), agrupados en la REDHPANA y constituidos en Proceso Territorial de Garantías, reunidos en la ciudad de Tumaco los días 15 y 16 de noviembre de 2019; vivimos con preocupación las prácticas sistemáticas de asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados, reclutamientos forzados, desapariciones, confinamientos, ejecuciones extrajudiciales, judicializaciones injustas y militarización en nuestros territorios.

Estamos indignados e indignadas por la agobiante e impune presencia de una diversidad de actores armados ilegales en nuestros territorios, y especialmente por la falta de voluntad política y acción efectiva del Gobierno nacional para detener los actos de las estructuras generadoras de terror y violencia.

Y con el convencimiento de que no estamos condenados a la desesperanza, la soledad y el No futuro, y que más temprano que tarde se abrirán paso la verdad, la justicia, la equidad, la plena vigencia y disfrute de nuestros derechos fundamentales y colectivos, y nuestros planes y proyectos de vida.

RESOLVEMOS:

1. Exigir al Gobierno nacional y departamental que, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa Nacional de Garantías, realizada en Popayán el 30 de mayo de 2019, se instale de forma inmediata la Mesa Territorial de Garantías del Pacífico Nariñense, con el fin de abordar de forma diferencial las necesidades de los 12 municipios de la región y concertar con las comunidades y autoridades étnicas las medidas, políticas y programas en materia de prevención, protección e investigación, con enfoque de género y étnico, que garanticen la labor de defensa de los derechos humanos. Ante la apremiante coyuntura e inminente riesgo contra la vida de nuestros líderes, lideresas y comunidades, acordamos que dicha instalación se lleve a cabo el próximo viernes, 6 de diciembre de 2019.

2. Solicitar a la comunidad internacional que, como componente esencial de la Mesa Nacional de Garantías, nos acompañe en el proceso de instalación y seguimiento de la Mesa Territorial de Garantías del Pacífico Nariñense.

3. Comprometer a los alcaldes, alcaldesas y Gobernadores salientes y electos, a participar activamente en dicho escenario de interlocución y construir espacios de diálogo que permitan avanzar en su labor de primeros respondientes en materia de garantías de seguridad.

4. Reiterar al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, que convoque la sesión territorial de la Subcomisión Nacional de Garantías de Seguridad en el Pacífico Nariñense. Entendiendo que, junto con las garantías de seguridad, es imprescindible avanzar en la construcción de una política pública que permita el desmantelamiento efectivo de los grupos armados sucesores del paramilitarismo.

5. Reafirmar la exigencia para que se adopten las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia y se proteja a nuestros líderes y lideresas. Estas medidas deben apegarse estrictamente al principio de Seguridad Humana, entendido como las medidas integrales, que no solo desactiven el riesgo y la amenaza inmediata, sino que atienda los impactos que sobre la intimidad, el entorno familiar y comunitario, genera la agresión.

6. Insistir al Gobierno nacional la necesidad de reconocer, consolidar y fortalecer los mecanismos de protección colectiva como la guardia indígena y la guardia cimarrona, así como mecanismos de justicia comunitaria con enfoque de género.

7. Recordar que la mejor manera de contrarrestar y desactivar los factores estructurales de riesgo y amenaza, es la plena implementación del Acuerdo de Paz, en especial, el cumplimiento de los pactos suscritos con las comunidades para sustituir voluntariamente los cultivos de uso ilícito, en el marco de los PNIS, y la ejecución de los programas de desarrollo territorial convenidos con las comunidades en el marco de los PDETS.

8. Rechazar la insistencia del Gobierno nacional de políticas comprobadamente fracasadas en el pasado, de usar exclusivamente medidas de militarización en el territorio. Desde ahora lo decimos, si las llamadas Zonas Futuro son más de lo mismo, no cuenten con nosotros.

   Tumaco, 16 de noviembre de 2019

La REDHPANA es un proceso social de diálogo y articulación de organizaciones sociales, de derechos humanos y

étnicas del Pacífico Nariñense en la que participan: RECOMPA

Consejos Unidos de Magüí Payán, Mesa Interétnica

de Tumaco, Voces del Pacífico, Asociación de Porvenir Campesino - ASOPORCA, Palenque Afrourbano, Mesa

Municipal de Mujeres de Tumaco, Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco, Asociación Piernas Cruzadas-

Barbacoas, ABC Pazcífico, Sindicato del Magisterio de Nariño - SIMANA –Tumaco, SEUPAL, Consejo Comunitario

Alto Mira y Frontera, Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Consejo Comunitario Río Tablón Dulce, Consejo

Comunitario Rescate Las Varas, Consejo Comunitario Bajo Jagua, Consejo Comunitario La Esperanza (Municipio

La Tola), Consejo Comunitario La Nupa, Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador (Iscuandé), Consejo Comunitario

Pro Defensa (El Charco), Consejo Comunitario Unión de Cuenta (Roberto Payán), Asociación Luz de Esperanza,

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda – COLECTIVO OFB, con

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, Fedecomunal, Asociación de

apoyo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- CSPP, INDEPAZ, REINICIAR, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo- CCAJAR, las PLATAFORMAS NACIONALES: Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos – CCEEU, y la Plataforma

Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo - DHESCA.

Foto: nguasi