Los departamentos de Meta y Guaviare, con gran potencial para el desarrollo de la industria agropecuaria y la extracción de hidrocarburos, han sido durante décadas escenarios de disputa entre diferentes grupos armados. Guerrilleros, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, en su afán de infundir temor, de lograr control territorial y de alterar las cifras que produce la guerra, recurrieron a la práctica de la desaparición forzada.

Así lo explica el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia, publicado en noviembre de 2016: “Este crimen pasó de ser cometido con una alta participación de agentes estatales y perpetrado contra personas consideradas como militantes sociales y políticos asociados a la izquierda, a comprometer como responsables a particulares, en especial a miembros de grupos paramilitares y de las guerrillas, y a victimizar a personas de muy distintas características como campesinos, habitantes de calle, personas en situación de discapacidad, entre otras”.

Dicha investigación, que cruzó 102 fuentes de documentación, 56 institucionales y 46 sociales, estableció que entre 1970 y 2015, en razón del conflicto armado, 60.630 personas fueron víctimas de desaparición. De ellas, el 12 por ciento eran habitantes de ambos departamentos: 5.459 de Meta y 1.849 de Guaviare.

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