En la Región de los Llanos Orientales y la Orinoquía, compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada, la grave situación de derechos humanos se ha profundizado en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica1 provocada por la pandemia del Covid-19. El aislamiento obligatorio y las medidas de “distanciamiento social” no han impedido que sigan ocurriendo hechos de violencia tales como amenaza, persecución y asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC; así como acciones que atentan contra la tranquilidad y el buen vivir de las comunidades. Como organizaciones sociales de derechos humanos, articuladas en la Red Llano & Selva2, expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado de exigencia al Gobierno Nacional y de seguimiento a la comunidad internacional.

Estos hechos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas por grupos armados que circulan libremente por el territorio ejerciendo control, imponiendo la restricción de tránsito, el empadronamiento y la extorsión, son de conocimiento público y han sido documentados por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 017 de 2020. Esta alerta advierte sobre los riesgos para la vida y la seguridad en los municipios de Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán, en el marco de la pandemia, especialmente por la presencia de estructuras sucesoras del paramilitarismo desde finales del 2019 y hasta la actual coyuntura.

Adicional a lo anterior, la profundización de la crisis económica y social, bajo la restricción social y comercial, implicó un cambio en la dinámica económica cuyas afectaciones son diferenciadas y por tanto aumentan la vulnerabilidad, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas históricamente excluidas.

En los informes que ha elaborado la Red Llano & Selva, el último de ellos presentado a la Comisión de la Verdad, se ha encontrado un estrecho vínculo entre el accionar de estos grupos armados, sucesores del paramilitarismo, y los fenómenos del desplazamiento forzado y despojo de tierras3, lo que constituye un antecedente del alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran comunidades campesinas e indígenas frente a la medida de aislamiento obligatorio, así como frente a la permanencia de la violencia en sus territorios.

Finalmente, ha habido un aumento de amenazas contra la naturaleza, las personas y grupos étnicos que se encuentran al borde de la extinción en la Amazonía, situación que se agudiza con la imposibilidad de practicar actividades de subsistencia como la caza, la pesca, la recolección, la venta de artesanías e, incluso, el verse abocados a reducirse a la mendicidad en cascos urbanos dada la progresiva pérdida de su territorio.

SITUACIÓN DE AFECTACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

1. Asesinato de excombatientes

De acuerdo a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, durante el año 2019 fueron asesinados 77 excombatientes de las FARC, elevando la cifra a un total de 173 desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia4. según Indepaz, al 1 de abril de 2020 fueron asesinados 20 integrantes de la FARC-EP, firmantes del acuerdo de Paz5 Situación que también se viene presentando con sistematicidad en el departamento del el Meta, teniendo en cuenta que entre el 17 marzo y el 28 de abril se han presentado cuatro asesinatos de excombatientes y un atentado en el municipio de La Macarena y Puerto Rico.

En la Región de la Orinoquía y los Llanos Orientales se han presentado los siguientes casosa de homicidios de excombatitntes. 

Alexander Parra. 24 de octubre del 2019. ETCR Mariana Páez, Mesetas - Meta.

Duber Esneider Solano. 22 de enero del 2020. ETCR Mariana Páez, Mesetas - Meta.

Rafael Zapata. 14 de febrero. San Juan de Arama.

Holman Antonio Montes. 27 de febrero. San Vicente del Caguán.

Belle Esther Carrillo Leal e Irnel Flores Forero. 17 de marzo del año 2020. Vereda Ruby, inspección de San Juan del Lozada del municipio de la Macarena – Meta.

Albeiro Antonio Gallego Mesa. 21 de marzo del 2020. Vereda Villa Nueva

Alta del municipio de la Macarena – Meta.

2. Persecución a líderes y lideresas sociales

En el caso de los líderes y las lideresas sociales, el mismo informe de Indepaz señala que al primero de abril de 2020 fueron asesinados 71 líderes sociales y/o defensores de derechos humanos en Colombia. En la Región Orinoquía, se han visto expuestos a diferentes situaciones de amenaza y atentados, como producto de la presencia y circulación de grupos armados.

Evidenciamos un patrón de persecución que responde al liderazgo en procesos de restitución de tierras, defensa de áreas protegidas ambientalmente, sustitución de cultivos de uso ilícito, titulación de bienes baldíos a favor del campesinado, participación en Juntas de Acción Comunal que tienen un papel protagónico en el dinamismo de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y quienes

denuncian el reclutamiento forzado de niños y jóvenes por los grupos armados. Todos ellos que responden a elementos pactados para la construcción de una paz estable y duradera en el marco de los Acuerdos de Paz.

En la Región de la Orinoquía se han presentado los siguientes hechos:

• Tres (3) hechos de amenaza contra líderes campesinos e indígenas en la Inspección El Porvenir, Puerto Gaitán-Meta entre marzo y abril del 20206.
• Quema de un camión en Loma Linda, Puerto Lleras-Meta el 19 de abril.
• Amenazas y presiones contra organizaciones, cívicas, agrarias, de mujeres y de derechos humanos en Puerto Carreño-Vichada, Puerto Inírida-Guainía, Mitú-Vaupés, Leticia y Puerto Nariño-Amazonas7.
• Intimidación de grupos sucesores del paramilitarismo a través de videos en redes sociales en los que manifiestan su interés en retomar control territorial en Cabuyaro, Barranca de Upía, Puerto Gaitán-Meta y Villanueva-Casanare. Desplazamiento de personero, concejal y familia campesina dedicada al cultivo de plátano en Cabuyaro por amenazas.
• Asesinato de integrante de la Asociación de Agricultores de El Viso, Cabuyaro-Meta. En el cadáver de la víctima fue dejado un panfleto amenazante hacia la comunidad.
• Amenazas al líder de Asociación Comité Ambiental, Agrario y Comunitario de Rubiales, en Puerto Gaitán-Meta.
• Hombres armados intimidan a la población del Resguardo Kawinanae en busca de información sobre el capitán mayor Tiobardo Amaya. 20 de abril del 2020.
• Quema de tracto camión en la Vereda Alto Manacacías, Puerto Gaitán-Meta, el 24 de abril del 2020.
• Asesinato de tres personas en Uribe y Mesetas-Meta, presuntamente pordisidencias de FARC, el 11 de mayo del 2020.

3. Criminalización de la protesta

El primer trimestre del año 2020 en el país tenía un impulso de movilización social, como oportunidad de demandar y denunciar situaciones de malestar social, que luego del 21 de noviembre del año 2019 venían tomando fuerza en todo el país, principalmente en ciudades capitales.

En esta región del país las comunidades han desplegado en el primer trimestre del año al menos cinco (5) acciones de movilización y protesta social exigiendo derechos laborales, y contra el actuar de empresas petroleras históricamente asentadas en el Meta que continúan sus labores de exploración, extracción, transporte de crudo, y demás actividades sin protocolos ni medidas de bioseguridad propias de sus labores, exponiendo de esta forma a la población a posibles contagios. Para frenar dichas movilizaciones, han usado a la fuerza pública de seguridad que han terminado en la estigmatización, captura y judicialización de líderes comunitarios a quienes se les imputa daño a la propiedad privada, bloqueo de vías públicas, incitación al sabotaje y al terrorismo.

4. Crisis carcelaria

La Corte Constitucional ha declarado reiteradamente que en los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país persiste un estado de cosas inconstitucional, lo que significa que las cárceles son lugares en donde se violan de manera masiva y sistemática derechos fundamentales, siendo uno de los factores determinantes para que esto ocurra los altos niveles de hacinamiento, que a nivel nacional alcanza un 45,96%. En relación con el fenómeno del hacinamiento en el departamento del Meta, se tiene que en el principal centro carcelario de la región que se encuentra ubicado en la ciudad de Villavicencio el hacinamiento alcanza un 97%, teniendo en cuenta que su capacidad es para 874 internos y actualmente cuenta con 1.773, siendo hoy el foco más alto de contagio del Covid-19 en el país, lo que ha generado una rápida propagación del virus que a la fecha (11 de mayo de 2020) ha dejado 3 personas fallecidas y 722 personas contagiadas entre detenidos, guardias y personal de servicios de la cárcel.

Las medidas que se han adoptado, además de tardías, han sido insuficientes e ineficaces para atender la situación sanitaria en la cárcel de Villavicencio, exponiendo de esta manera no sólo a la población carcelaria sino también a sus familias y demás habitantes de la ciudad. Ya se han presentado una serie de manifestaciones por parte de los detenidos, a las que se ha respondido con una fuerte represión por parte del Inpec.

5. Riesgo de desplazamiento

En el departamento del Guaviare hay gran temor e incertidumbre por posibles situaciones de desplazamiento y riesgos de salud pública, que generan tanto las disidencias de las FARC, quienes amenazaron a instituciones y comunidades 

públicamente8, como por parte de la fuerza pública que desarrolla actividades de erradicación forzada; tras la posible reactivación de fumigaciones con glifosato en el territorio y la presencia de civiles portando armas en varias trochas y lugares del departamento; como fuerzas de seguridad de negocios de palma, caucho, latifundios, narcotráfico y sus rutas de entrada de insumos y salida de droga.

También existe una enorme preocupación alrededor del Plan Artemisa9, que se anunció como estrategia para la recuperación de los Parques Nacionales Naturales contra los campesinos y colonos que los habitan previamente a la delimitación de parques y en muchos casos llevados allí por el mismo Estado. Esto, debido a que con dicha intervención se están generando violaciones a los derechos humanos y amedrentamiento a los campesinos, con el mismo riesgo de terminar generando desplazamientos. Situación que se hizo evidente con los atropellos desplegados por la Fuerza Pública el 21 de febrero del presente año en el Parque Nacional Natural Tinigua, municipio de La Macarena-Meta.

6. Grupos Armados

A partir de la dejación de armas por parte de las FARC-EP en virtud del Acuerdo de paz, se ha presentado un resurgimiento, y en términos generales, hay una evidente restructuración de los grupos armados en la región, tanto de las estructuras sucesoras del paramilitarismo como también de las llamadas disidencias. Entre otros, de acuerdo a la Alerta Temprana 017-20 de la Defensoría del Pueblo, se han registrado al menos 5 grupos armados10 que se reclaman herederos de la acción paramilitar en la región y sintonizan su control territorial, asociado al mantenimiento de rutas de narcotráfico y el amedrentamiento a la población civil, dinámicas criminales que agudizan los procesos de disputa del microtráfico, reclutamiento forzado y el silenciamiento de procesos de memoria y esclarecimiento de la verdad, así como el despojo de tierras a la población y lo más grave, el accionar sistemático contra la comunidad Nukak Makú, la cual ha sido objeto de múltiples asedios y presiones contra su integridad ancestral, su territorio y su cultura.

En este contexto, los liderazgos sociales quedan absolutamente expuestos ante la incapacidad y desinterés del gobierno nacional por proteger la vida de líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos y excombatientes.

Aparte de la presencia de las 5 estructuras armadas sucesoras del paramilitarismo, en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López y Cabuyaro, confluyen disidencias de las FARC, frentes del ELN y organizaciones de crimen organizado que ponen en riesgo de violaciones a los DDHH a la población civil, de acuerdo a la Alerta Temprana de la Defensoría.

7. Riesgos frente a la identificación y entrega de personas dadas por desaparecidas que se encuentran inhumadas en los cementerios municipales.

Alertamos sobre la situación que viven los cementerios municipales en los que se encuentran inhumadas personas registradas como no identificadas (PNI) y que son parte del esclarecimiento de la verdad frente al conflicto; la situación actual es lamentable en relación a que los municipios no cuentan con los recursos para la inversión en la protección, disposición, seguridad y mejora de condiciones higiénico- sanitarias de los cementerios.

En 5 cementerios de los llanos orientales se ha registrado y documentado la inhumación de 2.304 personas como no identificadas, de las cuales, al menos 1.674 fueron reportadas por las FFMM como “dadas de baja en combate”, a lo cual es necesario establecer su identidad, proteger y garantizar medidas de protección, la cadena de custodia de cada uno de los casos de estas personas en los cementerios y se apoye las labores de identificación y entrega digna a sus familias, pues no habrá una paz completa mientras persistan crímenes como la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.

En este sentido, el contexto actual debe permitir que se inicien acciones de diseño, implementación y financiación de una política pública de protección, preservación, manejo y disposición de cementerios, que facilite el proceso de concurrencia de entidades competentes, el SIVJRNR y se garanticen los derechos de las víctimas, se protejan los demás cementerios en todo el territorio, se generen acciones y trabajos de contenido reparador y se garantice la no repetición.

PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES CAMPESINAS

La situación de los pueblos indígenas en la Orinoquía era crítica y se profundizó ante la declaratoria del Estado de Emergencia y el aislamiento obligatorio, pero en estos días debido a la implementación de estas medidas se ha agravado a niveles dramáticos. El proceso de despojo de tierras del que han sido víctimas históricamente, y en ese sentido la falta de garantía de sus derechos fundamentales al acceso a la tierra y al territorio, ha significado un obstáculo para que muchas comunidades puedan acceder a otros de sus derechos fundamentales como la salud, el agua o la alimentación, dado que se les obliga al trámite de acciones que no conocen por cuenta de la imposición de agentes externos a sus gobiernos propios, usos y costumbres.

En varios municipios del Vichada, incluyendo Puerto Carreño, los indígenas han quedado reducidos a asentamientos en los que no pueden cultivar, cazar, pescar ni recolectar debido al cercamiento que realizan grandes terratenientes, llevándolos a situaciones de confinamiento; situación que se agrava en tiempos de aislamiento obligatorio en el que tampoco pueden acudir a trabajos informales como la venta de artesanías e incluso la mendicidad. 

En muchos casos existen sentencias que reconocen los derechos territoriales de las comunidades indígenas pero que no han sido obedecidas por las entidades correspondientes.

Registramos igualmente con preocupación el incremento dramático en la cantidad de casos de personas contagiadas por Covid-19 en la Amazonía, que suman 418 al 8 de mayo del presente año, situación que igualmente afecta especialmente a los pueblos indígenas que se hallan sin condiciones suficientes para enfrentar la pandemia.

En cuanto a los grupos armados, varias etnias les han exigido públicamente hacer una tregua en sus operaciones en el marco de la pandemia, para evitar profundizar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

1. Corrupción de la ayuda humanitaria

Las ayudas anunciadas desde la campaña Colombia está contigo. Un millón de familias no se han materializado pese a que han pasado casi dos meses desde el inicio del Estado de Emergencia. Esto pese que muchas comunidades indígenas de Casanare, Meta y Vichada se encuentran priorizadas dentro del programa.

Por su parte, los mercados enviados desde el nivel local son absolutamente insuficientes para cubrir a la totalidad de la población y no ha habido un registro y control adecuado para la entrega y asistencia de los apoyos. Incluso el gobernador del Vichada y el alcalde de Puerto Carreño enfrentan investigaciones por corrupción en contratación destinada a la atención de la emergencia sanitaria.

En el caso de San José del Guaviare, no se han entregado ayudas alimentarias. Sin embargo, el alcalde solicitó a los resguardos destinar parte del sistema general de participaciones para la compra de mercados, sin que a la fecha se tenga claridad de cantidades, precios, garantía de entregas, entre otros factores.

2. Empresas en la región

Entre las situaciones que preocupan en estos momentos, es el ingreso de empresas extractivistas de hidrocarburos y mineras al territorio y procesos de consulta previa, las cuales afectan y vulneran los derechos fundamentales, colectivos y del medio ambiente.

En ese sentido, algunas comunidades indígenas en Meta y Vaupés han denunciado la llegada de empresas a sus territorios con el ánimo de adelantar el proceso de socialización de proyectos económicos, la suscripción de contratos de bonos de carbono sin la debida asesoría, procesos de consulta previa y articulación en beneficio de las comunidades de las regiones; pese al aislamiento obligatorio.

Con respecto a la Consultas previa11, el 27 de marzo/2020, el Ministerio del Interior emite circular determinando que durante la emergencia del Covid-19, se adelantara de manera virtual la consulta previa de proyectos, obras y actividades y de medidas legislativas y administrativas con las comunidades indígenas, rom, negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, hecho que preocupa, en tanto que se desconoce el contenido y alcance del derecho fundamental que tiene los pueblos indígenas el cual se ve vulnerado y limitado, ya que la mayoría de la población no cuenta con servicios básicos, mucho menos tienen las posibilidades para acceder a la internet y el uso de tecnología, a la vez, que se están desconociendo sus procesos de participación para la toma de decisiones.

Por otro lado, preocupa las afectaciones ambientales generadas por Ecopetrol sobre el Caño Rubiales debido a la filtración de trazas de petróleo en el clúster 38 en Campo Rubiales, municipio de Puerto Gaitán – Meta. Pese a que se viene presentando desde mayo del 2019, las autoridades no han realizado ninguna acción que solucione esta situación.

3. Comunidades campesinas

Los campesinos y campesinas reclamantes de tierras están viviendo situaciones precarias, tanto económicas como sociales pues sobreviven a partir del trabajo informal diario. Muchos de ellos, inclusive con sentencias de restitución de tierras favorables emitidas hace más de un año por los jueces, aún se encuentran a la espera de poder retornar a sus predios o ser compensados con uno equivalente. En ese sentido, urge que los procesos de restitución de tierras que se encuentran en etapas administrativas y judiciales avancen con celeridad, pero que también se avance con prontitud en el cumplimiento de las sentencias, lo cual implica no sólo una intervención activa de la Unidad de Restitución de Tierras, sino también de todas las entidades del Estado encargadas de darle cumplimiento efectivo a las órdenes contenidas en los fallos, como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Se generó una expectativa en razón al pronunciamiento del Gobierno sobre la entrega rápida de reparaciones administrativas, pues esta región tiene una fuerte prevalencia de víctimas del conflicto provenientes del resto del país y que una vez allí vuelven a ser vulneradas, señaladas y perseguidas. Sin embargo, esto no se ha cumplido por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que incluso ha creado nuevos trámites para la reclamación de las reparaciones a pesar de conocer quiénes tienen derecho, situación que se agrava debido a que la entidad no da respuesta oportuna a las peticiones e interrogantes que son elevados por las víctimas y las organizaciones acompañantes.

4. Afectaciones psicosociales y en salud mental

La declaratoria de emergencia sanitaria, social y ambiental y el consecuente cambio en las condiciones de vida de las personas y comunidades, ha traído impactos a nivel psicosocial y de salud mental1213. En las comunidades acompañadas se han visibilizado dos tipos de situaciones: por un lado, se han agravado o complejizado condiciones preexistentes de salud mental (trastornos de ansiedad, de estado de ánimo, etc.) las cuales por las restricciones de movilidad y de acceso a servicios médicos no están siendo atendidas ni oportuna, ni adecuadamente: algunas personas no han tenido seguimiento de sus tratamientos, no han podido acceder a medicamentos, o no han logrado contactarse con líneas de atención de urgencia en salud mental.

Por otro lado, el aislamiento obligatorio ha puesto de presente un drástico incremento en el reporte de casos de violencia al interior de los hogares, a nivel nacional14. En la región, los reportes de mujeres acompañadas por las organizaciones de la sociedad civil, evidencian que existen falencias importantes en el tipo de orientaciones y en la aplicación de medidas de asistencia y protección que se les están brindando para mitigar los riesgos.

Exigencias:

Atendiendo a la gravedad de la situación descrita en la región y a la obligación internacional y constitucional de garante de los derechos del Estado Colombiano; las comunidades de la región y las organizaciones acompañantes articuladas en la Red Llano & Selva hacemos un llamado de exigencia al gobierno nacional, a los gobiernos departamentales y locales, lo mismo que al conjunto de entidades que conforman el Estado para que de manera urgente adopten medidas eficaces y garanticen los derechos humanos integrales, territoriales y ambientales en la Región de la Orinoquía:

1. Al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, para que se implementen las medidas de garantías y seguridad acordadas en el Acuerdo Final suscrito entre FARC-EP y Estado. entre otras: la política de desmantelamiento de grupos paramilitares y garantías de seguridad para las comunidades e implementación del decreto 660 de 2018.

2. Al Ministerio del Interior para que cumpla con el compromiso de hacer llegar a las comunidades indígenas las ayudas humanitarias con el fin de que éstas puedan satisfacer sus necesidades básicas.

3. A los Ministerios de Minas y Energía, de Medio Ambiente, de Justicia y del Interior, para que, en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, garanticen que los procesos de consulta previa se realicen de acuerdo a lo establecido por la ley.

4. Al Ministerio de Educación Nacional, para que se garantice la protección de las comunidades indígenas frente a la pandemia, evitando reestablecer las clases presenciales sin las medidas sanitarias suficientes en los resguardos y asentamientos.

5. Al Ministerio de Salud para que inste a las respectivas Secretarías de Salud Departamentales y Municipales, a que se fortalezcan las acciones de respuesta frente a los riesgos psicosociales y en salud mental derivado de la situación de emergencia, las líneas de atención y orientación inmediata, así como, los mecanismos de acceso a servicios de salud mental, tanto en zona urbana, como rural; esto va de la mano con la necesidad de fortalecer la articulación intersectorial para brindar medidas de asistencia y protección efectivas y no re victimizantes para las mujeres que están sufriendo violencias de género por parte de cualquier miembro de la familia.

6. A la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y las Gobernaciones de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada, ordenar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de las víctimas en la implementación de acciones de protección de los cementerios de la región. Así mismo, ordenar las medidas de dotación, capacitación y disposición de recursos, planes, programas y proyectos para que exista manejo adecuado en todos los cementerios.

7. A la Fiscalía General de la Nación, para que adelante las investigaciones pertinentes que permitan investigar, juzgar, sancionar y desmantelar las estructuras de los Grupos Armados Organizados que hacen presencia en la Región de la Orinoquía.

8. A la Agencia Nacional de Tierras, solicitamos dar trámite a los procesos agrarios que se encuentran estancados y que limitan las capacidades y la satisfacción de derechos de las comunidades, situación que se ve agravada debido al Estado de Emergencia.

9. A la Unidad Nacional de Protección, adoptar las medidas de protección inmediata para los líderes sociales y defensores de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo por la presencia de Grupos Armados Organizados.

10. A las gobernaciones y alcaldías de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Vichada y Caquetá, para que se realice una gestión interinstitucional dirigida a aumentar la ayuda humanitaria de emergencia, respetando los principios internacionales de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa priorizando autoridades civiles como operadores de esta ayuda.

11. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que garantice la asistencia, atención y reparación a las víctimas, tanto individual como colectiva, cumpliendo con los anuncios de celeridad en los procesos. Asimismo, se le solicita a esta entidad dar respuesta rápida y oportuna a las peticiones e interrogatorios elevados por las víctimas y las organizaciones acompañantes.

12. AlaUnidaddeRestitucióndeTierras,avanzarconceleridadenlosprocesos de restitución de tierras que se encuentran en etapa administrativa y judicial, y darle cumplimiento efectivo a las sentencias de restitución de tierras que resultan favorables.

13. A la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que se investiguen los actos de corrupción en contratos destinados a la atención de la emergencia sanitaria.

13. A los actores armados, grupos sucesores del paramilitarismo, disidencias de FARC y Fuerzas Militares, respetar a los derechos humanos de las comunidades campesinas e indígenas y tomar en cuenta las peticiones de tregua en medio de la pandemia.

14. A La Comunidad Internacional que monitoree, vigile e intervenga respecto de la situación de gravedad y urgencia de estas comunidades, ante las instancias gubernamentales competentes, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y campesinas en la región de la Orinoquia.

_______________________________________________________________________________

1 Decreto 417 de 2020.
2 Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Vínculos, Pastoral Social Regional Suroriente, Pastoral Social de la Diócesis de Granada, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Cinep y Corporación Vida Paz.

3 Ver: Despojar y desplazar. Estrategia para el desarrollo de la Orinoquía (2017) y Los Nuevos Llaneros. Despojo de territorios, tierras y recursos de los Llanos Orientales (2020).

4 Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia. S/2019/988

5 Paz al liderazgo social. Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020. Indepaz.

6 https://corporacionclaretiana.org/2020/04/22/denuncia-publica-no-31-nuev... contra-lideresa-de-el-porvenir-municipio-de-puerto-gaitan-meta/

7 Alerta temprana 026. Defensoría del Pueblo.

8 Ver: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/panfletos-firmados-... de-las-farc-invitan-deforestar-la-amazonia-articulo-914948

9 Esta operación fue presentada a finales de abril de 2019 como parte de las acciones ambientales del gobierno de Duque; una estrategia principalmente militar, que pretende por medio de la Fuerza Pública enfrentar la deforestación en el país, recuperar la selva húmeda tropical y judicializar a quienes están detrás de la tala y quema de bosque.

10 Grupos sucesores del paramilitarismo que se identifican como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Autodefensas Unidas de la Orinoquia, Bloque Los Cuchillitos, Los Rastrojos, Puntilleros Bloque Meta o Libertadores del Vichada y Ejército Revolucionario Antisubversivo Colombiano

11 https://www.elespectador.com/coronavirus/indigenas-rechazan-consultas-pr... por-el-gobierno-en-medio-de-la-pandemia-articulo-914742

12 La Coordinadora del programa de Psiquiatría y Psicopatología de la Universidad Libre de Barranquilla ha señalado que en este momento “el 40 % de la población tiene mayor probabilidad de padecer algún tipo de problemas relacionados con salud mental, y se van a duplicar las cifras de padecimientos relacionados con la depresión”. Ver: https://www.portafolio.co/tendencias/tras-el-coronavirus-vendra-una-pand... Consultado el 8 de mayo de 2020

13 https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-consecuencias-de-la-c... los-colombianos/669219. Consultado el 8 de mayo de 2020Consultado el 8 de mayo de 2020.
14 https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Aumentan-en-142-l... por-violencia-intrafamiliar-durante-Aislamiento.aspx.Consultado el 8 de mayo de 2020Consultado el 8 de mayo de 2020.