El Colectivo OFB ha podido registrar a lo largo de estos 10 años la presencia de 2.304 cuerpos de personas inhumadas como no identificadas. Son 2.304 familias que esperan saber la verdad detrás del horror que se cometió con su ser querido. Estos cuerpos están ubicados en 5 cementerios de la región de la Macarena. Así que, también reposa allí, parte de la historia del conflicto armado de nuestro país.

La mayoría de estas inhumaciones son producto de una tenebrosa fusión entre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, en acciones militares sucedidas entre 2002 y 2009. En esta década se ha realizado seguimiento para la protección, identificación y entrega digna a las familias de las personas inhumadas como no identificadas en estos 5 los cementerios, se han iniciado los procesos de documentación de varios centenares de ellos y se ha podido determinar que varios fueron cometidos bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales.

La audiencia de La Macarena, hace 10 años, fue un punto clave en la narrativa del delito de desaparición forzada en Colombia, sumado a otros episodios y acciones que le mostraron al país y al mundo que aquí padecemos de la violencia y los crímenes de Estado. Por esta razón, a través de la comisión segunda del Senado de la República y atendiendo el compromiso con las comunidades campesinas que habitan los Llanos Orientales, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -Colectivo OFB-, Organizaciones defensoras de Derechos Humanos que trabajan en la región y organizaciones acompañantes nacionales e internacionales convocamos a la audiencia pública de rendición de cuentas y entrega de información a las comunidades en el marco de la conmemoración de la audiencia “crisis humanitaria en los Llanos Orientales, realizada en la Macarena, Meta”, a realizarse el próximo jueves 6 de agosto a través de los canales del Congreso de la República.

Hace 10 años las valientes denuncias presentadas por los Comités Regionales de Derechos Humanos, la acción mancomunada y articulada entre organizaciones y procesos, permitieron iniciar la respuesta para desenterrar la verdad y lograr establecer la identidad de las personas, iniciar las investigaciones pertinentes y generar planes de incidencia que proyecten acciones de visibilidad que exijan al estado colombiano las garantías de no repetición y la proscripción de delitos execrables como la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.

Luego de esta audiencia, que contó con participación de la comunidad internacional, compuesta por 6 delegados del Parlamento Europeo, 3 del Parlamento Británico y 10 dirigentes sindicales acompañados por la plataforma internacional Justice for Colombia, la Fiscalía General de la Nación crea una Unidad especial para investigar y exhumar en los cementerios del Meta y del Guaviare.

Como resultado de esta audiencia el senador de la República Iván Cepeda, la senadora Gloria Inés Ramírez, el padre Javier Giraldo, el Colectivo Orlando Fals Borda y La corporación Claretiana Norman Pérez Bello acompañó todas las diligencias de exhumación y labores de campo en los cementerios de La Macarena, Vista Hermosa, Granada, Villavicencio en el Meta y San José del Guaviare, en Guaviare y se han realizado dos audiencias publicas en el Capitolio de seguimiento a los compromisos de la Fiscalia General de la Nación con las familias de las Víctimas.

Las investigaciones en La Macarena

Diez años de documentación permanente en los 5 cementerios de los llanos han arrojado que de 2.304 cuerpos enterrados como no identificados[1], 1.674 fueron reportados como muertos en combate por parte de la Fuerza Pública. Según el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas Desaparecidas GRUBE, de la Fiscalía General de la Nación, han sido exhumados 1.667, identificados 899, y 280 entregados a sus seres queridos[2].

De estos 280 cuerpos entregados, el Colectivo OFB ha acompañado bajo la ruta de exigibilidad de derechos a 135 familias. Otras 65 familias están a la espera de recibir los cuerpos de sus seres queridos.

La dramática situación evidencia que la mayoría de cuerpos enterrados como personas no identificadas, fueron reportados como dados de baja en combate por las unidades con Jurisdicción en esta región, tales como los batallones de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, a su vez adscrita a la Cuarta División; la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO) y todas sus unidades militares como la FUDRA, el COMANDO ESPECÍFICO DE ORIENTE y otras Brigadas Móviles.

Principales avances luego de la audiencia

Aunque inicialmente el gobierno nacional en cabezo del presidente de la República Álvaro Uribe (quien al día siguiente de la Audiencia hizo presencia en la base militar de la Macarena) negaría la existencia de las fosas, posteriormente el Estado colombiano dio respuesta a las denuncias, implementando medidas con el fin de abordar el tema no solo en los llanos sino en otros camposantos a nivel nacional.

Entre las medidas adoptadas estuvieron:

• Realizar un Censo Nacional de N.N. por parte de la Unidad Nacional de Justicia y Paz –UNJYP–, perteneciente a la Fiscalía General de la Nación. Se emitió una directiva en junio de 2010 a todas las alcaldías municipales del país, con el fin de que reportaran todos los casos de personas no identificadas que tuvieran registrados.
• En agosto de 2010 las autoridades reconocieron que en Colombia había 10.084 cadáveres sin identificar, siendo una cifra que reportaba menos del 50% del total de los municipios del país.
• Posteriormente, el Ministerio del Interior realizó un proceso similar, logrando establecer que, en cerca de 400 cementerios de Colombia, habían alrededor de 26.000 personas sepultadas como no identificadas.
• Se suscribió un Convenio Interadministrativo #01 de 2010, del 26 de octubre de 2010, entre el Ministerio del Interior y de Justicia, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el objeto de aunar esfuerzos para el procesamiento de las necrodactilias existentes en los archivos oficiales. Esto con el fin de lograr la identificación de personas fallecidas y cruzar las identificaciones positivas con los reportes de personas desaparecidas.

Desenterrando la verdad

Desarrollamos la ruta para la exigibilidad de derechos y atención psicosocial a víctimas de los delitos de desaparición forzada y/o ejecuciones extrajudiciales en los Llanos Orientales. La aplicación de esta ruta, es una metodología con la que se busca:

1. Promover e impulsar que los cuerpos de las personas que fueron sepultadas como no identificadas sean plenamente identificadas y entregadas a sus familias, para que sean ellas quienes finalmente establezcan en donde deben ser inhumadas,
2. Generar en las familias afectadas, mecanismos de contención emocional para hacer frente a la situación y fortalecer sus recursos resilientes;
3. Capacitar a las familias y acompañarlas en la exigibilidad de sus derechos.

Desarrollamos una ruta de acompañamiento jurídico, buscando el resarcimiento de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral por parte del Estado a víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y el acompañamiento forense, con apoyo de otras organizaciones, hacia la debida intervención en cementerios y la veeduría sobre la aplicación de protocolos efectivos para la identificación de los cuerpos de las personas desaparecidas. Esto nos ha permitido:

1. Generar acciones para que 377 personas inhumadas como no identificadas puedan encontrar el camino a su hogar y tener un espacio de encuentro con sus familias, a través de la campaña “Contemos la verdad porque todas las personas no identificadas tienen una historia”.
2. Acompañar a cerca de 200 familiares de personas inhumadas como no identificadas en el proceso de búsqueda, identificación y entrega de los cuerpos de sus seres queridos. Este acompañamiento se ha realizado de manera integral desde las áreas psicosocial y jurídica y a través de sinergias con organizaciones o profesionales expertos en el tema forense. De este total:

• 135 familiares acompañadas de manera directa e indirecta han recibido el cuerpo de sus seres queridos desde 2013 a la fecha.
• 65 personas inhumadas como no identificadas ya encontraron a sus familiares en el marco de la campaña “Contemos la verdad”, y en el momento se encuentran a la espera de que las autoridades realicen el proceso de identificación plena y la entrega de sus cuerpos a sus seres queridos. Mientras tanto, los familiares acuden a espacios de fortalecimiento y de empoderamiento a través de la Ruta de exigibilidad de Derechos y Acompañamiento Psicosocial.
• De las 135 familias que ya recibieron los cuerpos de sus seres queridos, cerca de 40 lograron establecer que sus seres queridos fueron víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, reciben acompañamiento jurídico para exigir sus derechos y esperan la administración de justicia.
• 71 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de “falsos positivos”, las hemos acompañado en la exigibilidad de sus derechos a través del acompañamiento psicosocial y procesos jurídicos en contra de agentes de la fuerza pública implicados directamente en dichos crímenes. En la actualidad existen cerca de 102 militares a quienes se les imputaron cargos por ejecuciones extrajudiciales. Estos casos además han sido presentados a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en un informe que analiza patrones de acción, modus operandi y el contexto en el que se cometieron estos hechos.
• 390 familiares de víctimas de desaparición a quienes el Colectivo OFB acompaña a través del área psicosocial generando acciones de fortalecimiento emocional y de resiliencia a la vez que impulsa acciones para la documentación de sus casos y la activación de mecanismos para su búsqueda. Cerca de 290, ya han sido compartidos con la UBPD y las familias realizan procesos de exigibilidad para que se inicie prontamente su búsqueda.
• Acciones de exigibilidad de derechos en otras zonas de país que ha permitido evidenciar casos de desaparición sin seguimiento, cuerpos no identificados en los cementerios de Tumaco, Ipiales y Pasto en Nariño y la necesidad de realizar un trabajo de intervención en esos cementerios.
• 15 peritajes psicosociales que acompañan los procesos jurídicos a nivel nacional e internacional.
• Procesos de formación permanente sobre temas de coyuntura que permitan la exigibilidad de derechos, a las víctimas que acompaña como por ejemplo los mecanismos de verdad, justicia y reparación creados en el marco del proceso de paz entre el Gobierno nacional y las FARC.
• Acciones permanentes de memoria y dignificación de las personas inhumadas como no identificadas, víctimas de desaparición y ejecución que les permita a las familias resignificar el dolor a la vez que visibilizan que sus casos hacen parte del contexto nacional en donde los intereses políticos y económicos de algunos, han llevado a que hoy deban sufrir las inclemencias de la guerra.
• Fortalecimiento comunitario a organizaciones de base en procesos de auto sostenimiento y autonomía como la escuela de alfabetización y proyectos productivos.

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[1]                 Reporte del GRUBE FISCALIA CON CORTE A 2 febrero 2018, respuesta derecho de petición - representante Alirio Uribe

[2]                 Reporte del GRUBE FISCALIA CON CORTE A 30 de junio de 2020. Fiscalia General de la  Nación.