El próximo 21 de marzo la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejará de recibir los informes de las víctimas del conflicto armado que dan cuenta de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Es por ello que varias organizaciones de la sociedad civil le presentamos una petición para que extienda, por mínimo seis meses, el término para que las organizaciones de víctimas; de mujeres y de violencia basada en género; indígenas; negras; afrocolombianas; raizales; palenqueras; Rom, y de derechos humanos, tengan la oportunidad de presentar nuevos informes.

La petición se sustenta en seis razones que argumentan que la situación vivida por las víctimas en Colombia es extraordinaria, y que la participación en la presentación de informes se ha visto afectada negativamente por factores de fuerza mayor y, por lo tanto, la extensión del plazo es necesaria y urgente, pues su objetivo es garantizar la centralidad de las víctimas dentro de los procedimientos de acceso a la justicia en la JEP.

1. La reconfiguración del conflicto y la violencia en los territorios

Como ya lo ha constatado la SRVR y es de conocimiento público, la reconfiguración del conflicto y el aumento de la violencia han impedido a varias organizaciones el ejercicio libre de su labor y, de ese modo, presentar sus informes o participar en condiciones óptimas en los mecanismos para la reivindicación de sus derechos. La presencia y el fortalecimiento de los grupos armados en los territorios, así como el inicio de la temporada electoral, han significado el recrudecimiento de la violencia en algunas regiones del país y en casi todos los municipios incluidos en las Circunscripciones Especiales Transitorias para la Paz.

2. La pandemia aún obstaculiza la construcción de los informes

Después de dos años de haberse declarado la pandemia ocasionada por el covid-19, las medidas para mitigar su propagación aún tienen efectos, y restringen la movilidad de las comunidades y las organizaciones que les acompañan. Puntualmente, hay tres factores que dificultan la participación efectiva de las víctimas y la presentación de informes:

1. La presencia de actores armados en los territorios se combina con las medidas para contener la propagación del virus. En algunos casos estos factores han acentuado el aislamiento al que estaban sometidas muchas comunidades desde antes de la pandemia.
2. Aunque parece que Colombia ha superado la etapa más grave de la pandemia, esto solo es una conjetura y todavía cabe la posibilidad de que el país enfrente una nueva ola de contagios. La falta de continuidad en los procesos de construcción de los informes debilita los lazos entre las comunidades y quienes los realizan, los cuales requieren tiempo para ser fortalecidos de nuevo.
3. Asimismo, es importante resaltar que la situación económica de las personas que hacen parte de los informes, especialmente las mujeres, se ha agravado. Esto hace que centren sus esfuerzos en conseguir el sustento para ellas y sus familias, y no puedan continuar con su participación efectiva en los procesos de construcción de los informes.

3. Los desafíos asociados a la construcción y presentación de informes ante la SRVR

Durante nuestro trabajo hemos identificado algunas barreras para la recolección y sistematización de la información, vitales en la construcción de los informes. Además, han sido varias las organizaciones que solicitan apoyo para realizarlos, pues requieren procesos de fortalecimiento y capacitación para presentarlos ante la SRVR.

Por lo demás, el hecho de que esas organizaciones no hayan podido presentar sus informes afecta el trabajo de la SRVR, pues implica que esta no ha recibido toda la información relevante para adelantar el proceso de priorización, ni para llevar a cabo sus investigaciones.

4. Los avances del Sistema Integral para la Paz deben ser aprovechados

En pocos meses será publicado el informe final que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) prepara para dar fin a su mandato. Este documento traerá a las víctimas un nuevo panorama y muchas de ellas querrán contribuir desde una perspectiva judicial al Sistema Integral para la Paz. La JEP debe estar preparada para atender esos casos.

5. La importancia de que la participación de las víctimas sea amplia, real y efectiva

Los avances de la SRVR en los primeros casos han permitido visibilizar el trabajo de la JEP, lo cual ha generado una incipiente confianza de las comunidades con ciertas entidades públicas. Gracias a eso, durante el último año nuevas organizaciones han solicitado acompañamiento y asesoría para documentar y presentar sus casos ante la JEP.

En el mismo sentido, la SRVR ha dado a conocer la apertura de nuevos casos que incluyen crímenes cometidos por las FARC-EP, crímenes cometidos por la Fuerza Pública; agentes estatales no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles, y crímenes cometidos contra los pueblos étnicos. Por ello, la SRVR convocó a las organizaciones de víctimas a participar en audiencias para recoger sus opiniones sobre esta segunda ronda de priorización de casos entre el 21 de febrero y el 10 de marzo de 2022.

Cerrar el término para la presentación de informes en el mismo momento en que se abren nuevos macrocasos implicaría, por un lado, que la JEP pierda la oportunidad de recibir información nueva y relevante y, por el otro, que las organizaciones y las víctimas vean afectado su derecho a participar en la implementación efectiva de esta segunda priorización.

6. Habilitación de nuevos escenarios para la presentación y/o ampliación de informes a la SRVR de forma oral

Con miras a que el proceso de acceso a la justicia que se adelanta con las víctimas sea fiel a los relatos que ellas mismas presentan —incluyendo los impactos de las violaciones a sus derechos humanos, sus procesos de resistencia y sus reivindicaciones—, es importante y necesario que la JEP habilite nuevos espacios de escucha activa para que las víctimas manifiesten sus vivencias y experiencias en el conflicto armado.

Un proceso transicional con enfoque restaurador solo tiene sentido si las víctimas son los actores fundamentales dentro del este y se les reconoce como sujetos políticos que exigen sus derechos. Por eso, consideramos necesario que la SRVR amplíe el plazo para presentar informes.

Cordialmente,

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)

Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (ASOMUDEM)

Asociación para la Promoción Social y Alternativa (MINGA)

Benposta Nación de Muchach@s

Casa de la Mujer

Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial (Taller de Vida)

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO)

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta (CCDHM)

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

Corporacion Juridica Yira Castro- CJYC

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)

Coordinación de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP)

Coordinación de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos de la Amazonía Colombiana (OPIAC)

Corporación Choapo

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

Corporación Jurídica Libertad

Corporación Jurídica Yira Castro

Corporación Reiniciar

Corporación Sisma Mujer

Corporación Vida-Paz

Corporación Vínculos

Defensa de las Niñas y Niños Internacional (DNI Colombia)

Fundación Creciendo Unidos (FCU)

Fundación Forjando Futuros

Fundación Nidya Erika Bautista

Fundación Regional de Derechos Humanos Joel Sierra

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)

Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (OBSURDH)

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano

Red Proyecto Sur

Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS/COL)