Los vecinos más antiguos que viven cerca al Cementerio Central de Villavicencio, recuerdan cómo, cada vez que escuchaban sobre enfrentamientos en el sur del Meta sus casas se llenaban de olores nauseabundos.

Este camposanto, a finales de los noventas y mediados del 2000, se convirtió en un vertedero de cuerpos sin nombre que, supuestamente, habían sido dados de baja en combates y traídos hasta aquí para ser abandonados. Uno a uno se fueron acumulando cadáveres y llegó a tener 617 cuerpos sin identificar, según el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas Desaparecidas (Grube), de la Fiscalía General.

En aquella época, si se visitaba el cementerio, era común tropezarse con un cráneo expuesto o ver un hueso saliente de alguna bóveda abandonada. Sin embargo, nadie preguntaba nada, era mejor no hacerlo, pues los mismos paramilitares y guerrilleros se disputaban barrio a barrio el casco urbano de la ciudad y lo más prudente era observar en silencio aquel tétrico escenario.

En el 2009, el sitio pasó de manos de la Iglesia a la Alcaldía de Villavicencio y con ellos se hicieron inversiones básicas; en el 2017 la administración municipal lo declaró Centro de Memoria Histórica, como una forma de no olvidar lo que pasó allí y someterlo a arreglos de ornato que necesitaba. Sin embargo, por orden de la Fiscalía no se pueden hacer excavaciones hasta tanto terminen las labores de identificación de desaparecidos que podrían reposar aquí.

Según la Unidad Nacional de Víctimas, hoy el cementerio de Villavicencio sigue albergando 593 restos de personas no identificadas (N.N), cuyos familiares esperan que algún día se conozca la verdad de su muerte.

Paradójicamente, en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el pasado 30 de agosto, este cementerio ya no era el lugar lúgubre del pasado. Estaba adornado con globos blancos, claveles rojos. Allí fue presentado por la Corporación Colectivo Orlando Fals Borda el informe de ‘Resultados de la situación actual de los cementerios municipales’, un documento que resume la situación de 14 camposantos en el país donde se tiene evidencia de la presencia de restos de personas desaparecidas.

El informe, cuyos autores recorrieron zonas de Chocó, Santander, Caquetá y Meta entre otras regiones, revela que aún hay 3.175 cuerpos sin identificar en varios de los cementerios municipales de esos departamentos. “Este informe es un insumo valioso que nos permite a nosotros contrastar con otras fuentes, en la búsqueda de la verdad. Este cementerio y otros en el Meta están relacionados con varias investigaciones en el que muy probablemente se tenga oportunidad, con más elementos probatorios, de aclarar la muerte de muchos”, dijo la magistrada de Justicia Especial para la Paz (JEP), Nadiezhda Henriquez, quien acompañó el acto de los familiares de víctimas der desaparición.

Los camposantos  de San José del Guaviare, La Macarena, Granada y Vista Hermosa, hacen parte de ese grupo cementerios que en los Llanos Orientales están siendo intervenidos para establecer cuántos más cuerpos sin identificar existen.

Y es que en materia de desaparición forzada, el Meta es una de las regiones con más casos. De acuerdo al Registro Único de Víctimas, 13.000 personas desaparecieron forzadamente en este departamento, que de lejos ocupa el primer lugar entre los siete de la Orinoquia que tuvo 22.046 casos.
En el cementerio municipal de Villavicencio, 246 cuerpos ya fueron identificados y 21 de estos restos han sido entregados: “Los cementerios hablan, los cuerpos que alguna vez fueron despojos de la guerra hoy son testigos de la barbarie”, manifestó”, dijo Nadiesdha Henríquez, de la JEP.

“Mi hijo desapareció en Mapiripán, cuando tenía 13 años. Llegaron unos tipos, lo echaron en una canoa y hasta el sol de hoy nunca más volví a salir de él. Y siempre pregunto ¿qué tan malo podía hacer un joven campesino como para que lo hayan matado”, se pregunta hoy, más de 30 años después Dora Alicia González, quien con su vestido blanco, participó de los eventos realizados en el Cementerio Central.

El abandono en el que han estado los cementerios de los pueblos donde se presume haya restos de personas desparecidas a razón del conflicto, el documento de la ONG Orlando Fals Borda “recomienda tomar medidas necesarias para la protección de los cuerpos que se encuentren en lugares de disposición irregular, ya que no solo existen riesgos de desaparición de cuerpos”.

Por su parte Marcela Amaya, gobernadora del Meta, aprovechó la presencia de varias ONG de Derechos Humanos, funcionarios nacionales de la JEP y representantes de las víctimas, para firmar el decreto para la conformación de la Mesa departamental de trabajo para la prevención, asistencia, y atención a víctimas de desaparición forzada.

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