El pasado 14 de junio el Senado de la República aprobó de la Jurisdicción Agraria en Colombia, que significa un paso trascendental en la reorganización de los procesos campesinos agrarios y rurales del país, el catastro multipropósito, la creación de una jurisdicción que permite la adopción de nuevos y mejores instrumentos de normalización y de solución de las litigios de fondo que se generan con el uso propiedad de la tierra en Colombia, los cuales hacen parte sustancial del objeto y fundamento del conflicto armado social político y económico que hemos soportado por décadas. Lo cual hay que saludar y reconocer del Ministerio de Agricultura por su actuación resuelta con amplio espectro de incidencia, un paso valioso de retorno a la tierra, a la producción y la dignidad campesina y rural. 

El gobierno de Gustavo Petro está asumiendo una tarea enorme de transformaciones de costumbres normativas que se interponen con los cambios inmediatos que requiere la población del país, no solo los más necesitados, pues las capas sociales emergentes y con poderosa capacidad económica requieren y necesitan, igualmente de cambios en este respecto. 

Y es que superar siglos de ejercicio de privilegios desde el punto de vista del cambio a una nueva arquitectura institucional que supere la focalización, la dependencia y el asistencialismo como base del mantenimiento del statu quo, debe llamar la atención de todas las carteras del gobierno y de todos los sectores de la sociedad para que sea factible ser y sentir ese cambio que promete el momento actual. 

El reciente ejercicio de gobierno desde los territorios registrado en la Guajira implica hacer realidad uno de los elementos del Estado Social de Derecho más simples, pero a la vez de la mayor complejidad administrativa, como es que el Estado vaya a los territorios. Sin duda un factor de legitimación institucional que supera la guerra y la desigualdad, ahora el reto es mantener el Estado en estos territorios históricamente excluidos y condenados a la arrogancia de los políticos locales y nacionales, sus maquinarias corruptas y privilegios descomunales. 

Desde el ejercicio de los Derechos Humanos, hoy el país y el mundo se están enterando de la tragedia humanitaria que han producido años de abandono y expolio en los territorios de frontera, como la Guajira, el sometimiento de poblaciones indígenas, de las mujeres, los niños y niñas, de las personas trabajadoras a la cruel exclusión, el abandono criminal de la política del odio y la violencia económica, política, institucional. Ahora hay que dar el siguiente paso desde la agenda institucional que facilite la permanencia de la estructura estatal para que se convierta en un factor de cambio que aproveche esta presencia en los territorios y haga realidad planes, programas y proyectos cuantificables y profundamente vinculados a las realidades y necesidades de cada territorio del país. 

Refrendar ese compromiso es vital, convocando a todos los poderes públicos para que se comprenda integralmente nuestra Colombia y la simbiosis intercultural de nuestras fronteras, sin arrogancias centralistas y con profunda generosidad para reconocer la diversidad y pujanza que brota en cada lugar del país que ha sido negado prácticamente desde la independencia, la Paz total y toda operación de alto nivel para negociar, trascender los conflictos existentes y definir una ruta distinta de la confrontación armada, requiere estos elementos de cambio, así como el mecanismo de sometimiento de grupos criminales herederos del paramilitarismo tiene que profundizar el mecanismo de no repetición, ese reto es mayor para relacionar territorios y buscar el goce efectivo de nuestro derecho a La Paz.