Pronunciamiento Público de las Organizaciones Sociales, Defensores de DD.HH. y Comunidades del departamento de Nariño, asistentes al taller Departamental de Construcción de Política Publica Integral de respeto y Garantías para la Labor de defensa de los DD.HH.

San Juan de Pasto, octubre 29, 30 y 31 de 2019.

Consternados por la vil masacre ocurrida ayer en el resguardo de Tacueyo, departamento del Cauca, contra los hermanos indígenas de la Guardia Indígena, entre ellos la autoridad indígena Ne´h Wexs Cristina Taquinas Bautista.

Indignados por los reiterados hechos de violencia, hostigamientos, amenazas, atentados y asesinatos que se continúan presentando de manera sistemática y persistente a lo largo ancho del país, entre estos, campesinos inermes, defensores del Acuerdo de paz, Defensores de DD.HH. y excombatientes reincorporados.

Conmovidos por el avance del paramilitarismo y de otros grupos armados ilegales que vienen copando impunemente las diferentes subregiones del departamento, entres estas los municipios de la costa pacífica nariñense, el piedemonte, Cordillera y Norte de Nariño; sur occidente y frontera; con la abierta complicidad de miembros de la fuerza pública y autoridades civiles.

Repudiamos las declaraciones temerarias de algunos funcionarios que continúan estigmatizando la labor de defensa de los derechos humanos y los liderazgos sociales en el departamento y el país. Exigimos la renuncia inmediata del señor ministro de defensa Guillermo Botero quien ahora pretende justificar una especie de pena de muerte, de facto, de los líderes que vienen siendo asesinados

Exigimos con vehemencia el respeto a la vida, a la integridad personal y colectiva de nuestros procesos sociales y comunitarios. Exigimos garantías para el ejercicio de nuestra labor de defensa de los derechos económicos, sociales, colectivos y ambientales; prevención y proteccion a los liderazgos que trabajan día a día en los territorios para que se implemente el acuerdo de paz.

Exigimos respeto y garantías para los liderazgos y comunidades que defienden el agua, la vida y los territorios.

Exigimos del gobierno nacional, de las autoridades concernidas en el orden municipal y departamental,  a los organismos de investigación y de control, adoptar las medidas suficientes y necesarias a fin de parar inmediatamente el baño de sangre que vive el país, ante la total indiferencia del gobierno nacional. ¿Estas son, entre otras, las nefastas consecuencias de la anunciada decisión de hacer trizas el acuerdo de paz?

Reiteramos nuestra decisión de avanzar con el gobierno en la construcción concertada de una política pública integral de respeto y garantías a la labor de defensa de los Derechos Humanos, uno de cuyos pasos iniciales fundamentales es la expedición de un CONPES que articule la profusa normativa en la materia y destine los recursos económicos necesarios para su operatividad y eficacia.

Como lo convenimos en su momento, consideramos urgente que mientras avanzamos en este ejercicio, el gobierno dinamice la agenda simultánea que tiene que ver con el proceso nacional de garantías, la adopción de medidas de prevención y proteccion, resultados en la individualización y judicialización de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos; y la reglamentación del decreto 1190 referido al derecho a la protesta pacífica.

Saludamos el anuncio sobre la disposición del Ministerio del Interior de reactivar la Mesa Territorial de Garantías en sesión programada para los días 21 y 22 de noviembre en Pasto y el compromiso de realizar, posteriormente, una sesión especializada en el Municipio de Tumaco como epicentro de los 13 municipios de la Costa nariñense y el piedemonte.

Queremos dejar constancia que nuestra permanencia en el proceso de  interlocución con el gobierno, en el cual venimos priorizando la construcción consensuada de la Política Pública Integral de respeto y garantías para la labor de defensa de los Derechos Humanos y el propio proceso nacional de garantías, dependerá en gran medida de los resultados y la adopción de medidas eficaces que  permitan, no solo contrarrestar la persistencia de las amenazas, los atentados y asesinatos de los liderazgos, sino también, superar la escandalosa impunidad que alienta a los sicarios, a sus determinadores, financiadores y a todos aquellos que instigan el extermino desde los discursos de segregación, odio y guerra.

Como organizaciones sociales, indígenas, negras, campesinas, de defensa de los derechos humanos, comunales, de mujeres, juveniles, LGBTI, del departamento de Nariño, reiteramos nuestro llamado urgente a los organismos internacionales de DDHH, a la Misión de Naciones Unidas, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH en Colombia, al PNUD, al CICR, a continuar acompañando a nuestras comunidades en su lucha diaria por la permanencia en el territorio con garantías de seguridad y dignidad. 

Pasto, Nariño octubre 30 de 2019 

Foto: pueblosencamino.org