Continúa grave situación de violencia contra líderes y lideresas sociales en el Pacífico Nariñense
La Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense y Piedemonte Costero, REDHPANA, denunció el pasado 26 de marzo, el asesinato de la lideresa y defensora Mariela Marinez Gaviria, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa del Prado en Tumaco, además era promotora de salud del Hospital Divino Niño. Hombres armados acabaron con su vida en su propia casa.
A pesar del profundo dolor, los hechos violentos continuaron en Tumaco, dando como resultado el asesinato del líder juvenil, bailarín y gestor cultural de 24 años, Stiven Sepúlveda, mejor conocido entre sus cercanos y amigos como SEPU. El artista fue interceptado el 27 de marzo por hombres armados en el corregimiento de la Espriella donde acabaron con su vida.
Sobre la situación de riesgo a la que están expuestos lideres y lideresas, defensores de DD.HH y en general la población afrodescendiente e indígena de Nariño, la Defensoría del Pueblo, emitió la Alerta Temprana N°001-20 del año 2020, en la que advirtió la presencia y accionar de estructuras armadas como la disidencia de las FARC-EP Frente Oliver Sinisterra, el Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano, y la estructura criminal autodenominada como “Los Contadores”.
El Informe 2022 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Esos hechos violentos coinciden con con la reciente presentación del Informe Anual 2022 del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, en el que se midió el impacto de la violencia territorial, la valoración del estado del Acuerdo Final, y un análisis de las reformas del Gobierno Petro en el camino de la Paz Total.
Juliette de Rivero es la representante para Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien en el marco de la exposición del informe resaltó la importancia de priorizar la protección a líderes indígenas y afrodescendientes:
En la presentación también intervinieron las Plataformas de Derechos Humanos, a través de Aura Rodríguez, quien señaló para este primer informe que recibe el Gobierno Petro, que se requieren de transformaciones en los territorios más vulnerables, no solo en el marco de la violencia de los grupos armados, sino que también frente a la violencia política y económica:
En 2022 la ONU DDHH promovió medidas de protección e investigación ante 682 casos de amenazas y ataques a personas defensoras. Es por esto que se recomienda desde la Oficina del Alto Comisionado una reforma completa a la Unidad Nacional de Protección, el congreso deberá asignar recursos a las instituciones para medidas de protección colectiva y fortalecer la labor de las personerías en municipios de categorías V y VI.
Además, se recomienda fortalecer la implementación del Acuerdo Final de Paz, que atiende las razones de la violencia y la conflictividad en Colombia; también se debe avanzar hacia una reforma de las doctrinas militar y policial incluyendo el proceso de reforma de la Ley de Inteligencia.
El asesinato a líderes y lideresas como una dinámica de racismo estructural
Al respecto, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, ha venido denunciando que estos hechos de violencia no solo obedecen a la intervención de grupos armados ilegales, sino que corresponde al racismo como violencia estructural en el territorio. Así lo deja ver en su informe al Sistema Integral de Justicia Verdad Reparación y No Repetición SIJVRNR “Racismo y violencia Estatal en los territorios étnicos del Pacífico Nariñense”
Este documento presenta en dos capítulos las problemáticas históricas a las que han sido sometidas las comunidades afrodescendientes e indígenas desde la época de la colonización.
Durante el siglo XVI se implantó la estigmatización hacia las poblaciones nativas de Colombia, incluyendo también a aquellos esclavos que fueron traídos desde África con fines de explotación de oro, quienes en conjunto se resistieron al desplazamiento y la esclavitud. Desde aquel momento las elites empezaron a señalarlos como “salvajes” que había que controlar.
La costa Pacífica empezó a ser vista como un lugar para la explotación de madera, cacao, caucho y otros recursos naturales. A mediados del siglo XIX el afán extractivista trajo nuevas tecnologías y una legislación que facilitaría la adquisición de minas con la esperanza de consolidarse como una región productora de oro.
Ya para el siglo XX se empezaron a posicionar gobernantes que tenían como prioridad intereses económicos propios, por lo que el despojo de tierras aumentó, así como la violencia por parte de fuerzas legales contra campesinos, afrodescendientes e indígenas, que ocupaban “hectáreas estratégicas para el desarrollo”.
Después del reconocimiento de los derechos étnicos con la Constituyente de 1991, las elites implantaron en el territorio grupos armados ilegales que agudizaron la violencia contra quienes históricamente han luchado por la permanencia en sus territorios ancestrales, así como la pervivencia y continuidad de su cultura y formas de vida.
La llegada del monocultivo de la Palma de Aceite, las políticas de la lucha antidrogas de Samper con la aspersión aérea de glifosato, la incursión fantasma de militares estadounidenses en el marco del Plan Colombia, la legalización de concesiones a través de la ley 1450 de 2011, que designa al pacifico nariñense como parte de las Áreas Estratégicas Mineras, y la avanzada paramilitar del 2002 hasta la actualidad, generó una ola de violaciones a los derechos humanos y fundamentales de las comunidades étnicas.
La imposición de esta política económica estatal produjo tres prácticas violentas contra los y las habitantes del departamento de Nariño: desaparición forzada, desplazamiento forzado y asesinato a líderes y lideresas.
De los 467.074 habitantes en 11 municipios del pacífico nariñense, 169.772 se reconocen como víctimas, ante el Registro Único de Víctimas a junio de 2020. Según la entidad también se han presentado 432.919 hechos revictimizantes. Estas cifras varían pues en algunos casos las comunidades no confían en hacer la denuncia ante la institucionalidad estatal.
A través del contexto histórico realizado por el Colectivo OFB, se pudo determinar que la violencia no solo viene de la conflictividad armada, sino que nace de un racismo estructural practicado y reproducido en el territorio por parte del Estado.
Esto ha dado como resultado la negación de los derechos y el empobrecimiento de las comunidades. El Pacífico colombiano alberga algo más de 3.600.000 personas, de las cuales el 90% son afrodescendientes, mientras que el 6% son indígenas. A pesar de la riqueza natural que comprende el litoral, el 48% de su población vive en pobreza, y un 21% en pobreza extrema. La desnutrición, la falta de acceso a servicios públicos y a la educación, han condenado a la marginalidad a la población.
Ante este panorama al que han sido relegados las comunidades étnicas, líderes y lideresas han alzado su voz, organizando a los Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas para el diálogo con la institucionalidad, pero también para fortalecer sus ejercicios de Gobernanza propia.
Contra esta llama de Resistencia los actores armados legales e ilegales han impartido violencia, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en Nariño se registran 2.317 víctimas de desaparición forzada directa. En el caso específico de Tumaco, el Sistema de Información Red de información de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), dice que la cifra entre 1985 y 2020 llegaría a 701 personas desaparecidas en el municipio.
La desaparición para los pueblos étnicos no solamente afecta al ser individual, sino que esta práctica violenta está dirigida a desestabilizar a toda la comunidad, la persona es escogida y transfigurada como una forma de dominación racial y odio, para posteriormente desaparecerla. Estas características de ataque se reproducen en el asesinato selectivo a líderes y lideresas, como en los casos de Mariela Marinez y Stiven Sepúlveda.