Denuncia ante la CPI y el Consejo de Seguridad de la ONU a los presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país en el marco del Paro Nacional

*La denuncia va dirigida específicamente en contra del expresidente Uribe, el presidente Duque, el ministro Molano, el director Vargas y el comandante Zapateiro.

*En Colombia, durante las últimas movilizaciones, se han cometido crímenes de lesa humanidad en su modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad, violencia sexual y desapariciones forzadas.

*Las organizaciones denunciantes afirman que el Estado colombiano no ha demostrado la voluntad de adelantar las investigaciones correspondientes.

Por la presunta responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad (CLH) cometidos en el país en el marco del Paro Nacional que inició el 28 de abril del año en curso, organizaciones de la sociedad civil denunciaron hoy, ante la Fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional (CPI) a Iván Duque Márquez, presidente de la República; Diego Molano, ministro de Defensa; Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército Nacional; Jorge Luis Vargas,  director de la Policía Nacional y Álvaro Uribe Vélez, expresidente y ex senador de Colombia por el partido Centro Democrático. Además, se remitió al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) información sobre estos crímenes, con el fin de que sea enviada a la CPI.

El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Campaña Defender la Libertad un asunto de todas, Temblores ONG, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Mesa sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Senador Iván Cepeda en calidad de denunciantes, vieron la necesidad de interponer esta denuncia a estos organismos internaciones  ya que consideran que el Estado colombiano no ha demostrado la voluntad de adelantar las investigaciones correspondientes, debido al exceso de concentración de poder en las instituciones de control como la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Procuraduría.

Desde el 28 de abril hasta el 10 de mayo de 2020, 40 personas han perdido la vida durante procedimientos policiales de contención de la protesta social, varias de ellas fallecieron por el uso indiscriminado de armas de fuego en las ciudades de Cali, Pereira e Ibagué. Adicionalmente, 435 personas han sido reportadas como desaparecidas y 1.365 detenidas de forma irregular. En el mismo sentido, se ha recibido información de más de 129 personas víctimas de tortura por parte de la policía, y 16 aseguran ser víctimas de violencia sexual durante los procedimientos policiales. 

En el documento entregado se evidencia que, las personas señaladas en la denuncia como presuntos responsables, han sido los funcionarios  que han promovido, alentado y cooperado en las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes y no han sido investigados, procesados o sancionados  por el sistema de justicia colombiano. Por eso la necesidad de que un organismo internacional inicie la investigación sobre estos hechos.

Los casos documentados en la comunicación no dan cuenta de hechos aislados, esporádicos o espontáneos; por el contrario, muestran patrones claros de actuación de las autoridades, incluso, dan cuenta del conocimiento que tuvieron los responsables de la autoridad policial en la comisión de los crímenes internacionales. 

En ese sentido, se solicitó a la CPI que realice una visita in loco a Colombia, requiera al Estado colombiano información adicional que le permita ampliar la documentación sobre la situación descrita en la comunicación y realice un análisis para que determine la existencia de fundamento razonable para incluir dentro del examen preliminar sobre el país esta situación.

Finalmente, se le solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que, con base en el artículo 13 del Estatuto de Roma, remita a la Fiscalía de la CPI la situación descrita respecto a la comisión de CLH en nuestro país, con ocasión del paro nacional.