La Desaparición Forzada en Llanos Orientales: crimen de lesa humanidad usado para generar miedo y control del territorio

• 10 patrones de macrocriminalidad fueron identificados en Meta, Guaviare y Casanare. 
• Desde 1958 a 2016 en estos tres departamentos se reportan 8.288 víctimas de desaparición forzada de 80.455 a nivel nacional.
• Solicitamos a la JEP abrir un macro-caso de desaparición forzada con énfasis en la situación territorial y con la presunta responsabilidad de Agentes de Estado y grupos paramilitares.
• “No más impunidad en la desaparición forzada en Colombia”. piden las víctimas.

El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda junto a las víctimas del conflicto armado interno en los llanos orientales presentó hoy ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el Informe “Resistencia al olvido y a la impunidad”, de 250 páginas en el que evidencia las prácticas criminales de desaparición forzada ocurridas en Meta, Guaviare, Casanare desde 1958 hasta el 2016.

Este Informe contempla una solicitud expresa de apertura del macrocaso de desaparición forzada en los llanos orientales, por presunta responsabilidad de Agentes de Estado y grupos paramilitares en estos territorios, explicó Carolina Hoyos, vocera del COFB.

“Buscamos contribuir al esclarecimiento de este crimen tan doloroso para el país como es la desaparición forzada con este estudio y análisis de contexto de tres departamentos. Solicitamos además de abrir este macrocaso, que se articulen como Estado en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y garantice la participación de las víctimas y se convoque a contribuir en la búsqueda a las juntas de acción comunal, a las comunidades, periodistas, entre otras, que existan mecanismos claros que permitan espacios de transición y reincorporación de los excombatientes para que contribuyan de manera conjunta”, enfatizó.

En el acto realizado en el auditorio Sabio Caldas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, contó con la participación de la Magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, con la presencia de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas-UBPD, fiscales del GRUBE de la Fiscalía General de la Nación y víctimas de los tres departamentos de desaparición forzada.

La investigación.

El documento fue realizado por un equipo interdisciplinar del Colectivo OFB y la Corporación social para la asesoría y capacitación comunitaria-COSPACC, presentan y analizan 130 casos que agrupan a 145 víctimas de desaparición forzada entre 1958 y 2016, registrando que la década con mayores índices de desapariciones forzadas corresponde al período entre los años 2000 y 2009 con 92 casos y con 101 víctimas que representa el 70% de la victimización total.

El informe concluye que estas desapariciones forzadas fueron perpetradas presuntamente por unidades adscritas a la Cuarta División como la Séptima Brigada, la Brigada Móvil 12, el Batallón 21 “Pantano de Vargas”, el Batallón de infantería No. 24 "Luis Camacho Leiva” y el Batallón Contraguerrilla No. 85, además de unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta (FUTCO) como la FUDRA, la FUCAD y las Unidades Móviles No. 7 y 1 en connivencia con grupos paramilitares como el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Campesinas del Casanare.

“Junto a las víctimas solicitamos a la JEP que abra este macro caso y a la Unidad de Búsqueda que se articule con la Fiscalía, pues es urgente que las víctimas reciban una respuesta integral como Estado, no pueden seguir viviendo en la impunidad y dolor que dejó el horror de la guerra en Colombia, es una obligación del Estado encontrar a sus seres queridos, conocer la verdad y sancionar a los responsables”, señaló Carolina Hoyos.

Lo ocurrido en esta zona del país no corresponde a hechos de criminalidad aislados. Por el contrario, los hechos acaecidos en la región de Meta: Ariari Guayabero, Guaviare y Casanare hacen parte de una política estatal de macro criminalidad que tenía como objeto la consolidación territorial a través del despliegue militar de las Fuerzas Armadas. La ejecución de esta política de seguridad democrática trajo consigo miles de muertos y desaparecidos en el país.

A la fecha de las 145 víctimas relacionadas en el presente informe tan solo 3 han sido entregadas dignamente a sus familiares, lo que corresponde a un 98% de casos que continúan en proceso de búsqueda sin mayores avances. En ese mismo sentido sólo un caso ha tenido justicia con la determinación de responsables, pero con sentencia anticipada y sin conocer a fondo la verdad de lo acaecido. Por eso el informe hace un llamado a la JEP a que contribuya a reducir el manto de impunidad que han dejado en estos casos.

“Hemos recopilado testimonios que nos han arrojado una variable de análisis y un número importante de patrones de macrocriminalidad que evidencian la sistematicidad y la práctica generalizada. Se requiere de procesos de investigación rigurosos que conlleven a buscar, encontrar, entregar y reparar dignamente a las familias de las víctimas desaparecidas de manera forzada, quienes han tenido que vivir con la zozobra de no saber si sus seres queridos se encuentran con vida o no”. indicó Hoyos.

Las víctimas en Colombia han solicitado al Sistema de Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que no exista más impunidad frente al crimen atroz de la desaparición forzada. “han sido décadas de angustia, zozobra y dolor, no vamos a renunciar a encontrar nuestros hijos, queremos saber en dónde están y por qué se los llevaron”, dijo María del Carmen Zuluaga 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica el Meta es el segundo departamento después de Antioquia con 5.280 víctimas de desaparición forzada, mientras que Guaviare registra 1.793 y Casanare 1.215, es decir que los tres departamentos reúnen el terrible conglomerado de 8.288 personas que sufrieron este crimen de lesa humanidad.