Repunte de la violencia en el departamento del Cauca Boletín de DDHH No 5, septiembre de 2019

1. CONTEXTO

1.1. Repunte de violencia en el Cauca

Con 11 muertos en tres masacres presentadas en tres días entre finales de agosto e inicios de septiembre, incluyendo el asesinato e incineración de una candidata a alcal- día con todos/as sus acompañantes; el regreso de la violencia al Cauca ha llamado la atención a nivel nacional e internacional. No obstante, en los territorios indígenas esta crisis ya se estaba anunciando desde hace rato. Desde el cambio de gobierno nacional a mediados del 2018, los pueblos indígenas estamos denunciando un escenario de es- calación de la violencia selectiva – de por sí ya severa – contra líderes y lideresas, la Guardia Indígena y otros procesos comunitarios mediante amenazas de muerte, pan- fletos amenazantes por parte de grupos armados (que además de un aumento cuantita- tivo también presentan un recrudecimiento en el lenguaje utilizado, pasando por ejem- plo a la declaración de personas como “objetivos militares” a anuncios de “masacrar- los”), seguimiento por personas desconocidas, atentados y homicidios sicariales, sin que se diera una respuesta estatal adecuada. El año presente, esta situación se ha agu- dizado aún más, así que los últimos hechos violentos representan la continuación ló- gica de una dinámica ya bien documentada desde hace más de un año.

Los responsables materiales de esos hechos son una multitud de grupos armados, en- tre ellos disidencias de las FARC, ELN, EPL, grupos paramilitares y narcotraficantes. Pese a esa diversidad de autores materiales los motivos detrás de estos ataques y aco- sos, en general de una u otra manera se fundamentan en la incomodidad que represen- tan los procesos de autonomía, economías propias, gobierno propio y control territo- rial que están adelantando las comunidades para una amplia gama de actores locales, regionales y transnacionales con pretensiones de explotar los territorios para sus pro- pios intereses económicos, sean de agroindustria, minería tanto ilegal como con con- cesión por parte del estado, narcotráfico o extracción de maderas y otros recursos na- turales. Mientras que se enfrentan entre ellos con la misma frecuencia con que crean alianzas, la autonomía de las comunidades para todos esos actores presenta un estorbo que desafía sus aspiraciones de poder.

1.2. Señalamientos y estigmatización por parte de representantes del gobierno na- cional, tratamiento militar a la protesta social

Un problema que agudiza el problema de la violencia en contra de las comunidades y sus líderes, es la participación de representantes del gobierno nacional y sectores polí- ticos relacionados con él en la propagación de señalamientos despectivos, estigmati- zación y desinformación en contra de la comunidad indígena representada en el CRIC. Estas agresiones verbales y escritas incluyen acusaciones de estar infiltrados por o aliados con grupos armados, promover o proteger los cultivos de uso ilícito, obstruir el actuar de la fuerza pública, o tratar de subyugar a otras poblaciones rurales como las comunidades campesinas y afro-colombianas.

En su conjunto, estos señalamientos no solamente son aprovechados por distintos ac- tores armados en sus intentos de legitimar sus amenazas y atentados en contra de los procesos político-organizativos de las comunidades, sino además aportan a un am- biente público de discriminación, estigmatización y culpabilización a la población in- dígena y sus representantes, aumentando el riesgo en el que se encuentran.

La reiteración de una supuesta infiltración de la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz de marzo a abril del 2019 por grupos ar- mados al margen de la ley por parte del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el Presidente de la República, Iván Duque, o la columna publicada por la senadora del partido de gobierno María Fernanda Cabal a inicios de septiembre del 2019, son sola- mente los ejemplos más extremos de esta estrategia que se ha vuelto una constante. Su eco se escucha también en docenas de panfletos y mensajes amenazantes.

Estos mismos señalamientos también se utilizan para justificar el tratamiento militar a las diferentes expresiones de protesta social, con su punto de escalación más visible durante la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. Durante la Minga, aparte de constantes sobrevuelos de los campamentos con helicópteros y drones, invasión de viviendas y hostigamiento de comunidades aleda- ñas por parte de la Fuerza Pública, se registraron más de cien heridos/as - incluyendo más de una docena de heridos/as con proyectil de arma de fuego - y varias víctimas fatales entre los/as mingueros/as.

Cabe resaltar que los grupos armados enfrentados con el gobierno nacional utilizan la misma estrategia al inverso, acusando a las estructuras político-organizativas, las au- toridades tradicionales y otros/as líderes de ser aliados/as del gobierno para tratar de legitimar la violencia en su contra. De esa forma, las comunidades en los territorios nuevamente se encuentran entre dos frentes, amenazados y hostigados por todas las estructuras armadas, tanto estatales como ilegales, igual como durante la mayor parte del conflicto armado interno.

Además, existen casos donde el actuar de las instituciones gubernamentales genera o agudiza conflictos entre distintas comunidades, como por ejemplo por medio de la ad- judicación de tierras sin consultar y tomar en cuenta todas las comunidades presentes en un territorio. Las confrontaciones resultantes después sirven para propagar más se- ñalamientos o justificar incursiones de la Fuerza Pública, como en el caso de La La- guna, Siberia.

1.3. Rearme de sectores de las FARC

El panorama de la implementación de los acuerdos de La Habana de por sí ya estaba complicado frente a un escenario de post-acuerdo donde vuelve a repuntar la violencia en contra de las comunidades, en medio de una desmovilización de las FARC-EP par- cialmente fallida, una política del estado de no cumplimiento a los acuerdos, la estruc- turación de nuevos actores armados ilegales, el avance de proyectos extractivos que llevan al desplazamiento de los pueblos indígenas de sus territorios, y el auge del nar- cotráfico y de los cultivos ilícitos motivados por mafias provenientes desde afuera de los territorios. Aunque el anuncio del 29 de agosto del 2019 de Iván Márquez y otros comandantes de las FARC de volver a las armas no borra los esfuerzos de grandes sectores de la sociedad civil, incluyendo muchos/as guerrilleros/as desmovilizados/as en darle vida a lo acordado en La Habana, si representa un golpe duro para el proceso de paz, entre otros porque les da más municiones argumentativas a aquellos sectores políticos opuestos a los acuerdos y su implementación desde el inicio.

En los territorios, además genera preocupación la posibilidad de que se vuelvan a uni- ficar varias de las disidencias de las FARC activas en el Cauca o en caso contrario se intensifiquen las disputas entre diferentes grupos.

1.4. Centralización de la cooperación internacional en temas de paz y del concepto de territorialidad por parte del gobierno nacional

El gobierno nacional, pese a su postura poco disimulada de no-cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, ha logrado centralizar gran parte de los recursos de coopera- ción internacional destinada al tema de la Paz. Entre otras partes de la agenda política gubernamental, los está aprovechando para, de manera encubierta en supuestas inicia- tivas de paz y desarrollo, usurpar el concepto de territorialidad desarrollado desde las comunidades y redefinirlo en función de la explotación económica de los territorios y sus recursos, sin tomar en cuenta las necesidades ni de los territorios mismos como seres con vida propia ni de las poblaciones que los habitan ancestralment.

2. DESAFÍOS, AVANCES Y PROYECCIONES DEL PROGRAMA DEFENSA DE LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL CRIC

Conscientes de la presente crisis de violencia que sufrimos y por la necesidad de parar la muerte y no seguir viendo morir a nuestros líderes y lideresas la política de los pue- blos indígenas en materia de protección de los derechos humanos tiene que ir más allá de la presentación de informes y los ejercicios de guardia indígena que nuestras co- munidades han logrado consolidar. Hoy se nos hace necesario pensar estrategias para impedir que se sigan matando a nuestros líderes y lideresas. Para poder persistir en el tiempo y en el espacio como pueblos con identidad, se nos ha convertido en un impe- rativo legislar desde nuestras comunidades para el cuidado de la vida y del territorio. Atropellados por una violencia que no cesa y un estado que no ofrece perspectivas de vida para las comunidades, tenemos que alentar las acciones colectivas de nuestras comunidades para defender el futuro de nuestras semillas de vida y construir nuestra soberanía legítima como pueblos indígenas.

2.1. Seguir el proceso de fortalecimiento del control territorial, el cuidado de la vida y la autoprotección colectiva

El fortalecimiento operativo, político y espiritual de la Guardia Indígena ha brindado importantes avances en términos del ejercicio del control territorial y la autoprotec- ción por parte de las comunidades. No obstante, también ha convertido a la Guardia en blanco de amenazas y atentados, poniendo en un riesgo elevado a sus miembros. Por lo tanto, mientras que por un lado se deben continuar el trabajo de fortalecimiento de la Guardia, también hay que analizar cómo se puede evitar la sobreexposición a riesgos de la Guardia, garantizar un acompañamiento adecuado por la comunidad en general y promover otras medidas de autoprotección colectiva más allá de la Guardia.

Además, se siguen desarrollando conceptos integrales de territorialidad y cuidado de la vida desde las comunidades, los cuales contemplan cuestiones de convivencia con todos los seres vivos y espirituales que habitan los territorios, el cuidado y aprovecha- miento en armonía y para beneficio de las poblaciones locales de los recursos natura- les, en vez de su explotación desmesurada y orientada solamente por las ganancias económicas de unos cuantos, así como la conservación y protección de los espacios de vida, entre otros.

2.2. Construcción del observatorio de DDHH

Mientras que el trabajo de monitoreo y denuncia de las vulneraciones de los derechos de los pueblos indígenas que viene haciendo el Programa DDHH del CRIC da cuenta de las graves violaciones y riesgos que están enfrentando las comunidades indígenas del Cauca, por conversaciones informales se sigue sospechando un alto nivel de su- bregistro. Las razones de esta falta de reportes probablemente incluyen tanto el miedo de represalias en algunas zonas de alta presencia de grupos armados como la normali- zación de muchas formas de vulneraciones más allá de las más extrema, falta de cono- cimiento de comuneros y comuneras sobre posibilidades de denuncia y necesidad de establecer un formato sencillo y unificado que se pueda diligenciar tanto vía digital como en físico así como una estructura clara de personas de contacto locales para re- cibir denuncias y pasarlas a las estructuras zonales y regionales para sistematización, identificación de patrones y generación de reportes.

Todos esos son elementos que se pretenden abordar con la construcción e implemen- tación de un sistema de observatorio de DDHH coordinada desde la oficina regional del CRIC.

2.3. Acompañamiento a Sujetos de Reparación Colectiva

Para garantizar que las Comunidades que han sido reconocidos como Sujetos de Re- paración Colectiva (SRC), puedan formular planes de reparación que no solamente se orientan por la oferta institucional sino por las necesidades reales, materiales, simbóli- cas, sociales y sicológicas se hace necesario el acompañamiento y asesoramiento por parte de la estructura regional. Además, frente al vencimiento de la ley de víctimas en diciembre del 2021 y la incertidumbre sobre si habrá una prórroga, ampliación o reno- vación de la ley, apremia el tiempo para iniciar y finalizar procesos que vienen acu- mulando atrasos desde hace años.

Con estos fines, a partir de las recomendaciones de las autoridades tradicionales de las SRC se logró negociar con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) un presupuesto para el acompañamiento de los procesos de cons- trucción de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) así como la agrupa- ción de SRC cercanos para realizar en conjunto la fase de alistamiento. Así, se logran 

iniciar más procesos que originalmente planeado y economizar recursos que se pue- den invertir en otras fases del proceso o para asegurar un acompañamiento adecuado por parte de la estructura regional.

2.4. Denuncias y exigencias frente a instituciones nacionales e internacionales

En la coyuntura actual de repunte de la violencia en contra de las comunidades y frente a la falta de acción pertinente por parte del estado, y un gobierno cuyo posicio- namiento frente al proceso de paz y los procesos autónomos de las comunidades étni- cas se puede calificar como ambivalente en el mejor caso, el acompañamiento y el monitoreo internacional se hacen especialmente importante. No obstante, bajo la su- posición equivocada de que con la firma de los Acuerdos de La Habana haya llegado el fin del conflicto armado en Colombia, muchas organizaciones internacionales más bien han bajado su presencia en el país o se han retirado del todo. Por lo tanto, se ha intensificado el trabajo de denuncia e incidencia frente a instituciones nacionales y ac- tores internacionales.

3. INFORME ESTADÍSTICO 3.1. Metodología

El Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC cuenta con una base de datos la cual tiene el objetivo registrar, compilar, analizar y visibilizar la situación de vulneración dentro de las comunidades indígenas. Esta base es alimen- tada por información suministrada y soportada por las diferentes autoridades indíge- nas agrupadas en el CRIC e igualmente cuando el equipo del programa atiende las di- ferentes situaciones que se presentan en territorios indígenas.

Cabe resaltar que, pese al alto número de hechos reportados, se sospecha una cifra os- cura aún más elevada, especialmente en temas de amenazas, hostigamiento, recluta- miento y violencia sexualizada. En muchos territorios el miedo de la población a re- presalias por los actores armados presentes y la dificultad de establecer y capacitar es- tructuras locales obstaculizan un registro y reporte exhaustivo de todos los hechos ocurridos.

3.2. Tipos de afectaciones y comparación cuatrienal: Aumentan todas las formas de violencia

TIPO DE AFECTACIÓN

2016

2017

2018

2019

TOTAL 2016 - 2019

Homicidio

20

16

23

67

136

Amenaza Individual

47

39

36

142

264

Amenaza Colectiva

6

12

25

37

80

Atentado

2

8

10

12

32

Masacre

0

1

0

5

6

Acción Armada en el Territorio

5

9

0

5

19

Hostigamiento

0

2

1

4

7

Reclutamiento de menores

0

1

0

6

7

TOTAL

80

88

95

198

461

Tabla 1: Tipos de afectación y comparación cuatrienal
La afectación más frecuente son las amenazas individuales en contra de líderes de es-

tructuras y procesos al nivel local, zonal y regional con un total de 264 casos de 2016 

a septiembre del 2019. Resalta además que, con 142 casos, más del 50% de esas ame- nazas se concentraron en solamente los primeros diez meses del año en curso, lo que significa un crecimiento de casi el 400% con respecto al año anterior y todavía más del 300% con respecto al año 2016, que con 47 casos anteriormente fue el año en el cual se registraron más amenazas.

Lo mismo sucede con las amenazas colectivas en contra de comunidades enteras, es- tructuras locales y zonales o la organización regional: De los 80 casos totales entre 2016 y 2019, 37, o sea más del 45%, ocurrieron entre enero y octubre del 2019, aun- que esa tendencia ya se estaba avisando con un crecimiento anual del 100% o más en- tre el 2016 y 2018.

¡Esas amenazas no se están quedando en el papel! El mismo crecimiento se replica en homicidios, masacres y atentados. Igual que con las amenazas, de los 136 homicidios en territorios indígenas registrados entre 2016 y octubre del 2019, 67 o casi el 50% se producen en solamente los primeros nueve meses del 2019, representando un aumento de más del 250% en comparación al año 2018. La gran mayoría de esos homicidios son selectivos en contra de integrantes y líderes de los procesos político-organizativos y van con el objetivo de callar la exigencia de una paz integral para los pueblos indí- genas. Peor aún, mientras que en años anteriores las masacres con tres o más víctimas se habían vuelto ocasiones aisladas o desaparecido por completo, en el 2019 se vol- vieron a producir no menos de 5 masacres, de las cuales 3 sucedieron en un solo mes entre agosto y septiembre.

De la misma forma, las acciones armadas en los territorios, hostigamientos por actores armados y reclutamientos de menores, que después de la desmovilización de las FARC habían cesado casi que por completo, en 2019 volvieron a ser recurrentes con 5, 4 y 6 casos, respectivamente.

Mientras que los autores materiales de las violaciones anteriormente mencionadas en

su gran mayoría son grupos armados al margen de la ley, sean de carácter paramilitar, 

guerrillero o narcotraficantes, hay otra tendencia preocupante donde protagoniza la Fuerza Pública del propio Estado: la criminalización y el subsiguiente tratamiento mi- litar de la protesta social. Esa estrategia tuvo su punto de escalación durante la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. Durante los casi treinta días de movilizaciones y bloqueo de la carretera panamericana, se registra- ron un total de 102 heridos/as y 11 víctimas fatales entre los/as mingueros/as. Entre esos/as se encuentran 13 heridos con proyectil de arma de fuego. También fueron heri- dos 4 menores de edad.

Además, se documentaron actuaciones claramente violatorias de los Derechos Huma- nos por parte de la Fuerza Público como por ejemplo el disparar al cuerpo con los lan- zadores de cilindros de gas lacrimógeno, uso de proyectiles no-convencionales (“recal- zadas”), hostigamiento e invasión a viviendas en comunidades aledañas, y hasta mo- mentos donde miembros de las fuerzas armadas del Estado dispararon indiscriminada- mente con armas automáticas hacia las/os manifestantes.

4. CONCLUSIONES: LA GUERRA ESTÁ VOLVIENDO A LOS TERRITORIOS

1. El regreso de la violencia al Cauca es perturbador. Este escenario de escala- ción de la violencia selectiva contra líderes, Guardia Indígena y otros procesos comunitarios reafirma el regreso de la guerra a las comunidades indígenas del Cauca

2. La violencia en contra de las comunidades indígenas y sus estructuras político- organizativas es sistemática y selectiva y apunta a un exterminio físico y cultu- ral.

3. La escasa voluntad de implementación de los acuerdos de paz por parte del gobierno nacional la desmovilización parcialmente fallida de las FARC-EP y el fracaso del Estado en llenar el vacío de poder dejado por las unidades de las FARC que, si se desmovilizaron, han conllevado a la reorganización de grupos armados quienes hoy en día son los principales autores materiales detrás del incremento significativo de violaciones de los derechos humanos en los terri- torios. El rearme de los sectores de las FARC liderados por Iván Márquez y Jesús Santrich agudiza aún más esta situación.

4. Hasta el momento, faltan garantías y acciones efectivas de protección diferen- cial por parte del Estado Colombiano.

5. En vez de proteger, representantes del Gobierno Nacional están estigmati- zando y criminalizando los procesos político-organizativos de las comunida- des, tratando de justificar una respuesta militar a la protesta social.

6. Para frenar esa violencia, se requieren respuestas contundentes y coordinadas desde el gobierno propio, pero con el apoyo tanto político como financiero del Estado Colombiano, así como el acompañamiento por parte de la comunidad internacional.

Elaborado por: Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Programa Defensa de la vida y los Derechos Humanos, Cindy Yulieth Pajoy y Jonas Rüger

Foto de portada: Miguel Boller

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