Segundo encuentro de víctimas acreditadas en la JEP por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el Meta: hacia una justicia restaurativa con sentido transformador

Villavicencio, mayo de 2025

El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, en calidad de acompañante del Segundo Encuentro de Víctimas del Meta, saluda y reconoce la realización de esta importante jornada impulsada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tuvo lugar los días 14, 15 y 16 de mayo de 2025 en la ciudad de Villavicencio.

Este espacio, liderado por la JEP, forma parte de una serie de encuentros preparatorios que buscan fortalecer las rutas de justicia restaurativa en el departamento del Meta, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Bajo un enfoque territorial, estos escenarios han permitido abrir espacios de diálogo, fomentar el reconocimiento del daño causado y avanzar en la construcción colectiva de propuestas restaurativas con una activa participación de las víctimas.

Este segundo encuentro dio continuidad a los procesos iniciados en diciembre de 2024 y febrero de 2025, profundizando en los principios de la justicia restaurativa, la socialización de las líneas de trabajo definidas por la Jurisdicción y el impulso de iniciativas que permitan reconstruir el tejido social y avanzar hacia la no repetición de la violencia.

Durante la jornada se reafirmó la centralidad de las víctimas en el proceso de justicia transicional: no como beneficiarias pasivas, sino como sujetas de derechos, portadoras de memoria y protagonistas en la construcción de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Las reflexiones compartidas permitieron avanzar en una comprensión más profunda de la justicia restaurativa como una apuesta transformadora, arraigada en los territorios y sostenida en las memorias vivas de quienes han resistido a la guerra.

La participación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) permitió, además, propiciar diálogos entre los mecanismos judiciales y administrativos, resolver inquietudes del territorio y acercar a las víctimas a rutas institucionales que, en muchos casos, aún se perciben como lejanas e ineficaces.

Durante el encuentro emergieron tensiones importantes en torno al proceso de justicia restaurativa. Si bien muchas víctimas reconocieron el valor de estos espacios para tejer lazos solidarios, también expresaron su preocupación frente a lo que perciben como una asimetría en las garantías ofrecidas a los comparecientes en contraste con la falta de respuestas concretas hacia las víctimas.

Una de ellas expresó con fuerza:

“Nosotros estamos ganando porque a través de estos procesos hemos hecho relaciones importantes y solidarias con otras víctimas, pero no sentimos que la justicia nos garantice lo suficiente. Más bien parece que quienes tienen mayores garantías son los victimarios. A nosotros nunca nos van a reparar del todo, por más compensación monetaria que recibamos. Ni siquiera teniendo al fin los restos de mi hijo, nada podrá devolverme su vida, su sonrisa, todo lo que sería hoy en día. Que perdone Dios, porque esa no es mi obligación con quien le quitó la vida.”

Desde la JEP se reiteró que la justicia restaurativa no se basa en el castigo, sino en la capacidad de reconocer el daño, asumir responsabilidades, reconstruir los lazos sociales rotos por la violencia y abrir caminos hacia la reconciliación a través de acciones significativas y transformadoras. Sin embargo, también se subrayó con firmeza que estos beneficios están condicionados al cumplimiento de deberes concretos por parte de los comparecientes: la contribución plena y veraz a la verdad, el reconocimiento individual y colectivo del daño causado y el compromiso real con la reparación.

En caso de que estos compromisos no se cumplan, los comparecientes pueden ser excluidos de la JEP o remitidos a la ruta adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. La justicia restaurativa no puede ser confundida con impunidad: debe ofrecer garantías efectivas para las víctimas, y su legitimidad depende de que los responsables digan la verdad, asuman su responsabilidad y contribuyan con hechos a esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se enfatizó que el perdón no puede ser exigido ni convertido en una condición para acceder a la verdad o la reparación. Se trata de una decisión profundamente personal, cargada de tensiones, contradicciones y dolores que deben ser respetados. Para muchas víctimas, la reconciliación solo puede llegar después y solo si hay una verdad completa, un reconocimiento pleno del daño y una reparación con sentido humano y político.

Una y otra vez, las víctimas insistieron en que conocer la verdad sobre lo que ocurrió con sus hijos, hijas, padres o hermanos desaparecidos o asesinados es un derecho irrenunciable y el punto de partida para cualquier forma de justicia. Saber quiénes participaron en los crímenes, cómo ocurrieron los hechos y por qué sus seres queridos fueron estigmatizados o ejecutados, es parte del proceso de sanación, de memoria y de dignificación.

Pero además, muchas expresaron con claridad su deseo de limpiar los nombres de sus familiares, injustamente señalados como “colaboradores” o “criminales”, cuando en realidad fueron víctimas de la arbitrariedad, del arbitrio estatal y de la impunidad. Este deseo no es un acto simbólico: es una exigencia ética y política de reparación, una forma de devolverles la humanidad negada y restituir la verdad pública de sus vidas.

En ese sentido, las acciones restaurativas no pueden limitarse a obras materiales ni a gestos simbólicos sin impacto real. Las víctimas propusieron medidas que den cuenta de la memoria viva y la verdad histórica de los territorios, como la recuperación y dignificación de cementerios locales, la creación de espacios colectivos para el duelo y la memoria, y el desarrollo de infraestructura básica como vías de acceso en zonas históricamente excluidas, como respuesta al abandono estructural que facilitó y profundizó la violencia.

No obstante, también se manifestaron resistencias frente a la idea de compartir estos espacios con los responsables. Para muchas personas, la sola presencia de sus victimarios genera angustia, miedo y re-traumatización. Por eso, se ratificó que este proceso respetará los tiempos, los límites, los ritmos de las víctimas y por supuesto sus decisiones, evitando imponer encuentros para los que no están preparadas o que puedan revivir el horror sufrido.

La justicia restaurativa, insistieron, solo será legítima si parte del reconocimiento profundo de la humanidad de las víctimas, de su derecho a ser escuchadas sin condiciones, y a avanzar en sus propios tiempos hacia la reparación, sin presiones ni silencios impuestos.

Otra familia expresó:

“Estamos en el camino del perdón. Ya está trazado. Ahora falta caminarlo, y eso implica remover heridas, afrontar lo vivido y seguir adelante para poder tener una vejez digna.”

Desde el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda reiteramos nuestro compromiso con un acompañamiento ético, crítico y respetuoso de los tiempos de las víctimas. Valoramos profundamente estos encuentros, que han sido posibles gracias a un trabajo conjunto con la Jurisdicción Especial para la Paz, en el que se ha priorizado genuinamente el enfoque restaurativo. Reconocemos que este tipo de espacios solo cobran verdadero sentido cuando colocan en el centro la experiencia, las voces y las propuestas de las víctimas, no como figuras observadoras, sino como actoras esenciales en la transformación del país.

La justicia restaurativa no puede reducirse a un trámite institucional. Debe ser un camino de reconocimiento, reparación y dignificación, construido con las víctimas, para las víctimas, desde sus dolores y desde su esperanza.